La liberación del vicepresidente de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, encarcelado tras ser condenado por soborno, malversación de fondos y otros cargos, fue anunciada para este viernes por el Ministerio de Justicia de Corea del Sur.
Según el comunicado la decisión fue el resultado de una revisión exhaustiva de varios factores como la opinión pública y el buen comportamiento durante los 18 meses de arresto cumplidos, de una sentencia revisada de 30 meses, por sobornar a un amigo de la expresidenta del país asiático, Park Geun-hye.
Lee, de 53 años de edad, inicialmente cumplió un año de una pena de cinco impuesta desde agosto de 2017 que luego fue suspendida. Esa decisión judicial quedó entonces anulada y, aunque la condena se acortó, fue enviado nuevamente a la cárcel en enero de este año.
El apoyo tanto político como público y de la comunidad empresarial en general a su libertad condicional, había crecido en medio de la incertidumbre de que ante la falta de su presencia no se tomen decisiones estratégicas clave en el gigante tecnológico surcoreano.
A pesar de que fuentes de la empresa afirman que las decisiones sobre grandes proyectos de inversión y de fusiones y adquisición sólo deben ser adoptadas por Lee, lo cierto es que su ausencia no ha afectado el funcionamiento diario del mayor fabricante de chips de memoria y de teléfonos inteligentes del mundo.
No obstante, se dice que aún espera por su regreso la decisión sobre la ubicación de una planta estadounidense de 17.000 millones de dólares para producir chips lógicos avanzados, en momentos de una escasez mundial de semiconductores, y de que rivales como TSMC e Intel Corp están realizando grandes inversiones.
Considerada un grupo de gran presión empresarial, la Federación de Industrias Coreanas, celebró la decisión de conceder a Lee la libertad condicional, ante el riesgo de que la paralización de inversiones pueda desbancarlos respecto a empresas mundiales como Intel y TSMC, y por consiguiente perder el pan de cada día de la economía coreana.
Para su reincorporación Lee aún necesita la aprobación del Ministro de Justicia, ya que la ley prohíbe a las personas con determinadas condenas trabajar en empresas relacionadas con ellas durante cinco años, pero expertos legales consideran que no tardará en obtenerla debido a circunstancias como que la cantidad considerada malversada ha sido devuelta.
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