Justicia en Chile condena a exrepresores de la dictadura militar

Cuatro exmilitares y un exfuncionario de Gendarmería, representantes del gobierno chileno en época de la dictadura de Augusto Pinochet, recibieron condenas judiciales por su participación en homicidios a presos políticos y otros actos represivos.

Destaca Prensa Latina que la sentencia de 15 años de cárcel la recibieron los exmilitares Eduardo Arriagada, Sergio Rosende, Joaquín Larraín y Jaime Fuenzalida por su responsabilidad en los homicidios consumados de Víctor Corvalán y Héctor Walter Pacheco. A ello se le agregaron los homicidios frustrados de Guillermo Rodríguez, Ricardo Antonio Aguilera, Elizardo Enrique Aguilera, Adalberto Muñoz y Rafael Enrique Garrido.

Ronald Bennett, fue condenado a 10 años, al mostrarse su complicidad en los hechos, consistentes en el envenenamiento de los reos con la toxina botulímica, en diciembre de 1981, al desempeñarse como alcaide de la prisión, refiere PL.

En el proceso judicial se evidenció que la actuación de los exmilitares formaba parte de una política de Estado sistemática y generalizada, practicada por sus agentes contra parte de la población civil, y que ocasionó graves daños a las víctimas, dos de las cuales fallecieron y las otras cinco se salvaron gracias a la adopción de medidas terapéuticas oportunas.

El fallo de los letrados puntualiza que se tratan de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto, imprescriptibles y sin amnistía, de acuerdo con el Derecho Penal Internacional sobre Derechos Humanos. La sentencia incluyó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de 950 millones de pesos (cerca de 1 300 000 dólares) a las familias de la víctimas.

Durante la investigación del caso se estableció que el veneno fue obtenido en un laboratorio de Brasil, enviado por valija diplomática a Chile, recibido en la Cancillería y luego entregado a un laboratorio secreto dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército.

La sustancia fue administrada en los alimentos a los presos, cinco de los cuales pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y aunque estos fueron llevados a la enfermería de la prisión para ser atendidos por el envenenamiento, fueron retornados a sus celdas al diagnosticarle solo una gastritis aguda.

Aún miles de víctimas chilenas y de otros países del sur no han recibido justicia. En Argentina más de 30 000 desaparecidos aún esperan por justicia y castigo a los represores. Todo formó parte de la Operación Condor, puesta en práctica por Estados Unidos para sofocar las ansias de soberanía y libertad de los movimientos libertadores en América Latina.