El compromiso de los líderes de la Revolución Bolivariana de Venezuela de presentar en los diversos órganos internacionales, incluyendo La Haya, el informe sobre derechos humanos que contradice el presentado recientemente por una misión independiente de la ONU, habla de la necesaria defensa del país sudamericano ante las hostilidades imperiales, empeñadas en derrocar al gobierno constitucional, presidido por Nicolás Maduro.
El hecho que antecedió a ese documento estuvo en la decisión de Venezuela de postular su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2020-2022. Para negar ese legítimo propósito, varios países, principalmente los que integran el llamado Grupo de Lima, buscaron promover un proyecto de Resolución de condena y crearon la denominada Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela, integrada por supuestos expertos, que presentaron las conclusiones de su labor en septiembre de 2020.
La Resolución fue aprobada dentro del Consejo de Derechos Humanos con el voto de 19 países de los 47 integrantes, 21 abstenciones y siete en contra. Los que votaron a favor desconocen al gobierno actual de Venezuela, lo cual habla de una clara politización y de la intención de inmiscuirse en los asuntos internos de la Revolución Bolivariana.
El grupo de redactores de ese documento acusa al gobierno de presuntos crímenes de lesa humanidad.
Por tales razones, los líderes bolivarianos defendieron la verdad, basándose en la historia de su pueblo, que ha sufrido golpes de Estado, agresiones militares, sabotajes a sus principales empresas, campañas mediáticas y otros métodos de hostigamiento, que se traducen en una guerra no convencional promovida, financiada y ejecutada desde occidente y, principalmente, por Estados Unidos.
El texto de respuesta consta de 112 páginas, cita los ejemplos más connotados y especifica que, desde 2001 hasta el 30 de julio de 2017, «el Ministerio Público de Venezuela registró 121 personas fallecidas y 1 958 lesionadas, la mayoría jóvenes menores de 30 años. De las víctimas fatales, 75 de los fallecidos eran trabajadores y trabajadoras y 31 eran estudiantes. A ello se añade que 72 de las personas asesinadas no participaban en las acciones en la calle y estaban ajenas al conflicto político.
La oposición utilizó también prácticas como amedrentamiento, agresiones a la integridad física, destrucción y robo de equipos (cámaras, micrófonos, teléfonos celulares, trípodes) y hostigamiento en las redes sociales y acoso a los periodistas y trabajadores de medios de comunicación.
Igualmente, especifica que el gobierno bolivariano trabaja coordinadamente con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, bajo la dirección de Michelle Bachelet, con un despacho en el país sudamericano y que presentó dos informes con evidentes diferencias con el que ha sido publicado ahora, lleno de mentiras.
Todo ello resume lo dicho por el canciller Jorge Arreaza en su cuenta en Twitter: «Comparto el informe La verdad de Venezuela contra la infamia. Datos y testimonios de un país bajo asedio, elaborado por el Estado venezolano para denunciar el uso tendencioso de los derechos humanos como arma política contra nuestro país».
Fuente: Misión verdad
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