Colombia: un país, dos epidemias

Esta semana la República de Colombia se convirtió en el octavo país del mundo (y el cuarto en la región de América Latina y el Caribe) con más casos positivos a la COVID-19. El hecho confirma, una vez más, la ineficacia del neoliberalismo –y su política sanitaria– en una nación «paradigma» de este sistema en el hemisferio.

No pocos ciudadanos en el Estado sudamericano cuestionan la actuación del ejecutivo de Iván Duque ante la pandemia. Entre ellos se encuentra el senador por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, quien califica la respuesta del Gobierno colombiano frente a la enfermedad como «muy débil y que nos está poniendo en una situación peligrosa y difícil».

«En un primer momento, se tomó una decisión correcta, que era la de confinar y poner en cuarentena a la población, pero esa decisión debía estar acompañada de, al menos, otras dos fundamentales. Una, fortalecer el sistema médico y la red hospitalaria; y, en segundo lugar, generar una política social que pudiera resguardar a la población y a los sectores más

vulnerables de los efectos sociales y económicos de esta crisis. Sin embargo, ni una cosa ni otra hizo el Gobierno», refirió Cepeda Castro en exclusiva con Granma. 

En lugar de estas acciones, señala, el Gobierno se dedicó en la etapa del confinamiento estricto a buscar fortalecer las grandes empresas y el sector financiero, no destinó los recursos necesarios para el sistema de Salud ni estableció lo que podría ser una política social importante a través de la creación de una renta básica permanente y universal.

«Entonces, esa política centrada en la preocupación por los grandes capitales y el bienestar de los sectores más pudientes ha traído como consecuencia que, una vez que se produjo la reapertura después del confinamiento, ha proliferado el contagio y, por lo tanto, se comienza a presentar un colapso del sistema hospitalario, así como también se evidencian los peores efectos de la crisis económica.

«Esa conjunción entre la crisis sanitaria y la social, en ausencia de una política social y de una sanitaria lo suficientemente fuertes, genera como resultado los índices que estamos viendo de proliferación de la enfermedad y también de efectos muy negativos en materia de pérdida de empleo, quiebra de negocios de pequeñas y medianas empresas, crecimiento de los índices de pobreza, entre otras secuelas», destaca el senador colombiano.

Además de la tragedia económica y social ocasionada por la covid-19 –con más de 13 000 muertos y más de 422 000 casos confirmados, de acuerdo con la oms–, Colombia enfrenta otra peligrosa epidemia: el asesinato de líderes sociales y excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep). 

El virus criminal

Desde que se suscribió el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en 2016, hasta el 15 de julio de 2020, 971 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en la nación sudamericana, según el último informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). De acuerdo con información de la cuenta en Twitter del Partido farc, a más de 220 firmantes de la paz les han arrebatado la vida. 

«Para las autoridades siguen siendo “casos aislados” o “ajustes de cuentas”, mientras se configura un verdadero genocidio contra quienes firmamos el Acuerdo de Paz, en contra de los compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano ante los Convenios de Ginebra y el Consejo de Seguridad.

«En unos cuantos meses presenciamos cómo los perpetradores pasaron del asesinato selectivo a masacres horrorosas. No se salva nadie: mujeres, niños, jóvenes, ancianos, en los campos y ciudades, firmantes de paz y familiares», denunció en un reciente artículo la senadora colombiana Victoria Sandino.

En este sentido, el legislador Iván Cepeda señala que «es evidente que el Gobierno no ha querido asumir y llevar a la práctica las decisiones necesarias para contrarrestar esos asesinatos. Se sigue desarrollando en los territorios del país un modelo que es más proclive al conflicto armado y a la militarización de los territorios rurales que a la implementación del Acuerdo de Paz».

Simultáneamente, el pueblo colombiano padece los efectos de la covid-19 y los crímenes del paramilitarismo. Solo la paz y un proyecto político en beneficio de los ciudadanos, y no del gran capital, pueden detener la tragedia.