De tal palo, tal astilla…

Álvaro Uribe, exmandatario de Colombia, ha sido catalogado como uno de los políticos más involucrados en fenómenos de corrupción, drogas, formación de cuerpos militares y muchos otros actos en sus años al frente del país. 

Ahora acaba de ser «rozado» por la Justicia, que le ha dictado «arresto domiciliario» por algunas conductas, para nada tan graves como las arriba mencionadas.

Conocida la decisión de la Corte Suprema, el actual presidente, Iván Duque, como accionado por un resorte, salió a defender a su amigo y exgobernante, incluso cuestionando a las propias leyes y autoridades que fundamentan la decisión.

«Yo he sido, soy y seré un creyente en su inocencia y en su honorabilidad», insistió Duque.

Del contubernio político Uribe-Duque sale el irrespeto a los acuerdos de paz, el apego a lo que se diga desde Washington y la injerencia en los problemas internos de su vecina Venezuela, que incluye brindar al territorio colombiano para que se organicen y entrenen mercenarios y terroristas, como los que han participado en acciones armadas contra la República Bolivariana.

De acuerdo con el diario español El País, «la entrega incondicional de Duque a la defensa del actual senador y líder del partido Centro Democrático, que le permitió ganar las elecciones en 2018, no fue un exabrupto o una declaración sin meditar».

El Presidente colombiano cerró filas con Uribe desde el primer momento, y adoptó una apología sin matices, cuando criticó lo que considera fallos en el funcionamiento del sistema de Justicia.

El citado medio de prensa publicó varios artículos sobre el tema. En uno de ellos, refiere que Uribe ha quedado vinculado, aun de forma indirecta, a los grupos paramilitares, a las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) y a una banda de criminales dedicada a la limpieza social, conocida como Los 12 apóstoles, que, según la investigación, en los años 90 tuvo su base de operaciones en una finca de la familia del exmandatario, ubicada a unos 80 kilómetros de Medellín, capital del departamento de Antioquia, del que Uribe fue gobernador.

Durante sus años de presidente se recuerda la matriz de los conocidos «falsos positivos», una práctica sistemática por la que las Fuerzas Armadas perpetraron miles de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de civiles, que eran presentados después por los militares como guerrilleros caídos en combates.

Según un informe de la Fiscalía, publicado el año pasado en Colombia, hubo al menos 2 248 ejecuciones de ese tipo entre 1998 y 2014, el 97 % de los casos se dieron entre el primer y el segundo mandato de Uribe de 2002 a 2010, acota el diario español.

The New York Times abunda en el tema y recuerda que «cuando Uribe era presidente, los soldados colombianos mataron a miles de personas inocentes, muchos de ellos campesinos, de acuerdo con el resultado de años de investigación por parte de fiscales y grupos de derechos humanos. Los soldados a menudo intentaban hacer pasar a los muertos como guerrilleros, para demostrar que estaban ganando la guerra».

Lo curioso –por llamarle de alguna forma– es que, con este aval delictivo, el arresto domiciliario a Uribe está asociado solo a crímenes menores, como sobornos, fraude y manipulación de testigos, en un esfuerzo por influenciar en el testimonio de un paramilitar que lo vinculaba con grupos terroristas que han imperado y todavía imperan en Colombia.

En este contexto, el actual mandatario, Iván Duque, se aferra a la defensa de Uribe  y hasta se pronuncia por una reforma judicial.

Lo lamentable es que mientras tanto, cientos de líderes campesinos y comunales, así como exmiembros de las farc, acogidos al plan de paz, son asesinados por los grupos paramilitares, los mismos que en época de los gobiernos de Uribe hacían gala de sus masacres contra civiles que eran incluidos como falsos positivos.

Hasta ahora, ¿todo sigue igual o peor en la sufrida Colombia?