«Este año se registraron las peores violaciones a los derechos humanos desde 1989 en Chile», sostuvo Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en una entrevista a la televisora CNN, después de divulgarse un informe de la organización con graves abusos y atropellos en las protestas antineoliberales suscitadas después del 18 de octubre.
El directivo señaló excesivas faltas del Estado en su deber de proteger a la población en el derecho a la vida, la integridad personal, la propiedad privada, la libertad de circulación, y por no garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.
El documento divulgado por el INDH recoge que hasta el 30 de noviembre hubo 476 querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en favor de 586 víctimas, quienes acusan directamente a los agentes policiales como sus victimarios.
A ello se le suma el uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual y lesiones oculares. Estas últimas sobrepasaban los 340 casos, incluidos estallidos del globo ocular, pérdidas de visión por trauma irreversible y lesiones en los ojos.
El texto del INDH tiene en cuenta las denuncias de la Defensoría de la Niñez, que expuso vulneraciones graves a niños y adolescentes, con detenciones ilegales, malos tratos, torturas y violencia sexual en los recintos de detención.
El informe concluye que el Gobierno chileno debe investigar los hechos; aplicar justicia para garantizar el derecho de las víctimas y la sociedad, divulgar la verdad, sancionar a los responsables, reparar a las víctimas e impedir la repetición de tales actuaciones policiales.
Recomienda, además, asegurar el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país, para disminuir la desigualdad y en especial resguardar el acceso y protección a derechos como la salud, previsión social, educación y vivienda, sin discriminación.
Recordemos que desde la toma de posesión del actual presidente, Sebastián Piñera, el país sudamericano ha estado marcado por la imposición de disposiciones gubernamentales que favorecen a la élite burguesa en detrimento de la calidad de vida del pueblo, una de las últimas medidas fue el alza de 800 a 830 pesos chilenos (unos 1,17 dólares) para el tren subterráneo.
Nunca existió el interés del Gobierno de mejorar la situación de la clase trabajadora, un ejemplo elocuente fue obstaculizar el proyecto que reduce la jornada laboral, mientras que al mismo tiempo aprobó regalar 800 millones de dólares al año a los más ricos.
En este periodo han aumentado el desempleo, la delincuencia y el constante accionar represivo de las fuerzas policiales ante todo vestigio de protesta. Todas las promesas de campaña de Sebastián Piñera se convirtieron en embuste y los tiempos mejores nunca llegaron.
Las últimas manifestaciones se iniciaron con un llamado a la población para dejar de pagar el metro en Santiago de Chile. Hoy se pide la renuncia del actual mandatario, elecciones anticipadas y la instalación de un nuevo proceso constituyente con la redacción de otra Carta Magna. Aunque Sebastián Piñera promulgó con su firma y un discurso de ocasión la reforma constitucional que habilita el plebiscito y el proceso constituyente aprobado recientemente en el Congreso, el pueblo considera que hay una lista de temas recogidos en asambleas populares que no quedarán plasmados en el nuevo documento legal.
En las redes sociales circula una convocatoria para una multitudinaria manifestación para el viernes 27 de diciembre en la céntrica Plaza Italia, también nombrada Plaza de la Dignidad por ser testigo de las luchas y resistencias de ese país.
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Andrachi dijo:
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26 de diciembre de 2019
08:32:17
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