Estallido social en Chile «no es por 30 pesos, es por 30 años»

Un estallido social sin precedentes tiene conmovido a todo Chile. Los toques de queda se mantienen y crecen las cifras de muertos, heridos y detenidos.

Hasta este 24 de octubre se contabilizaban 18 muertos, 535 personas heridas –239 de ellas por armas de fuego– y 2 410 detenidos, según un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Las manifestaciones, en medio de un segundo día de huelga general, son cada vez más multitudinarias, con exigencias dirigidas a una solución real de la situación económica y social de la nación.

«Lo que ha hecho hasta ahora el presidente Piñera es polarizar y tensionar el país…», advirtió Bárbara Figueroa, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el sindicato más poderoso de Chile, publicó el sitio France24.

Mientras, una manifestante gritaba en medio de la multitud: «Esto ya es el reclamo de todo un país, nos cansamos».

La otra cara de la moneda ha sido la movilización de más de 20 000 militares y carabineros que patrullan las calles y arremeten contra los manifestantes.

También en la región de Valparaíso se producen grandes manifestaciones, y en la región de la Araucanía se bloquearon importantes autopistas.

El ministerio de Defensa de Chile confirmó que llamó a reservistas para hacer frente a la crisis social.
El pueblo, ante las migajas prometidas por el presidente Piñera, ha levantado la consigna de «no es por 30 pesos, es por 30 años», en alusión a las más de tres décadas de gobiernos neoliberales que han llevado a Chile a ser uno de los países de mayor desigualdad entre los favorecidos que amasan grandes riquezas, y una población media y  pobre que cada vez se hunde más en la desesperanza. Esa es la base del estallido social en esa nación sudamericana. (e. c. p.)

En contexto

Chile es uno de los países con mayor PIB per cápita de América Latina, pero el 30 % de los ingresos van a parar a manos del 1 % de su población, lo que lo sitúa entre los 15 países más desiguales del mundo.
Es el único país del mundo donde el acceso al agua, reconocido por la ONU como un derecho humano, está en manos privadas.

El endeudamiento de los ciudadanos para llegar a fin de mes alcanza el 48 % del PIB, entre ellos miles de estudiantes universitarios que deben acudir a préstamos bancarios para pagar sus matrículas.