La revuelta parlamentaria más reciente en el Congreso de Perú, las acusaciones mutuas, la disolución del Congreso y la suspensión por este del presidente Martín Vizcarra, forman parte de lo que pudiera catalogarse como un modus operandi que tiene sus antecedentes más cercanos en el hecho de que todos los expresidentes vivos del Perú estén presos, prófugos o en proceso de investigación.
Han sido décadas marcadas por la corrupción gubernamental, el desgaste político y por una cada vez mayor diferencia entre las mayorías empobrecidas y los que hacen fortuna amparados en métodos corruptos de política.
En los últimos años, también Perú ha estado sometido a una política exterior entreguista, siendo el más fiel de los hijos de la desprestigiada OEA, a la que ha servido de anfitrión de muchas reuniones de esa y otras instituciones que se empeñan en difamar los procesos sociales de Venezuela y otros países.
Quizá todos estos gobernantes debieron haber dedicado un poquito más de tiempo a los problemas internos del país andino, incluyendo lo relacionado con la corrupción y la inestabilidad gubernamental.
Los ejemplos, reflejados por la prensa internacional, pudieran comenzar por Ollanta Humala, que fue mandatario entre 2011 y 2016, está preso y se le acusa de lavado de activos en detrimento del Estado, así como de asociación ilícita para delinquir, reporta el sitio RT.
Otro caso: Pedro Pablo Kuczynski resultó electo para el periodo 2016-2021, pero dimitió el 21 de marzo de 2018, un día antes de que los diputados votaran a favor o en contra de una solicitud de vacancia del cargo.
Se le acusa de una presunta compra de votos parlamentarios para evitar su salida de la presidencia, y por vínculos con Odebrecht, empresa brasileña de la que recibió 782 207 dólares entre los años 2004 y 2007.
El repitente, Alán García, presidente entre 1985 y 1990, y luego entre 2006 y 2011, es investigado actualmente por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
A Alejandro Toledo, mandatario peruano entre 2001 y 2006, actualmente prófugo de la justicia de su país y viviendo en Estados Unidos, se le acusa, entre otras cosas, de recibir un soborno millonario de la constructora brasileña Odebrecht.
Alberto Fujimori, electo presidente dos veces por el voto popular, terminó destituido por el Congreso bajo el cargo de «incapacidad moral».
En 2009 fue condenado a 25 años de prisión, acusado de homicidio con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, tras ser hallado culpable intelectual de dos matanzas de un escuadrón del Ejército, así como por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, durante el autogolpe de 1992. Además, la justicia lo obliga a pagar una deuda por reparaciones civiles por el monto de 15,6 millones de dólares, señala RT.
Francisco Morales Bermúdez, mandatario peruano entre 1975 y 1980, fue condenado a cadena perpetua por un tribunal en Italia, por la participación de su gobierno de facto en el denominado Plan Cóndor, orquestado junto a otros regímenes militares de la región.
En conclusión, Perú se debate entre una coyuntura actual de lucha por el poder y el lastre cercano de gobiernos carcomidos por la corrupción, una herencia en forma de quiste donde son muchos los involucrados.
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