Su principal labor es bloquear y detener a cientos de miles de familias migrantes, escoltar a personas en tiendas de campaña y recintos parecidos a jaulas para animales o campos de concentración, separar a los niños de sus padres y enviar a estos últimos a prisión, e identificar a quienes estaban demasiado enfermos para sobrevivir al calor en los centros de procesamiento, tremendamente hacinados en toda la frontera sur.
«La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos está pasando por una crisis tanto en lo que respecta a su misión como a su moral», que ha colocado a la agencia en medio de «un atolladero político, operativo y existencial», así lo ha plasmado el pasado martes 17 de septiembre The New York Times.
Sostiene ese medio que todo se agudizó cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de cerrar la puerta a la inmigración ilegal, y los casi
20 000 agentes de la Patrulla Fronteriza se convirtieron en los encargados de implementar las medidas más agresivas que se hayan impuesto contra los migrantes.
En los últimos años han sido recurrentes las denuncias de abusos contra inmigrantes por parte de esa entidad represiva en la frontera sur de EE.UU., acusada de interferencia en las acciones de ayuda humanitaria; muertes y desapariciones; no ofrecer asistencia médica adecuada y oportuna a las personas bajo su custodia; así como de acosos sexuales a mujeres y menores.
En diciembre de 2018, miembros del Caucus Hispano del Congreso de EE.UU. denunciaron «fallas sistemáticas perturbadoras» en la actuación de la Patrulla Fronteriza, tras la muerte de una niña guatemalteca por desnutrición y conmoción mientras se encontraba en un centro de detención con su madre en Nuevo México y no recibió la asistencia médica efectiva.
Desde septiembre de 2018 han muerto diez personas bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y la institución de la que depende, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
Yazmín Suárez, una madre guatemalteca que perdió a su niña de siete años mientras se encontraba detenida, interpuso una denuncia legal en la que exige una indemnización de 60 millones de dólares al Gobierno de EE.UU. por la muerte de su hija.
Por otra parte, un reporte de la televisora Russia Today señala que de 2010 hasta finales de febrero de 2019 se habían registrado más de 33 000 denuncias por acoso sexual, violencia en sus acciones y falta de transparencia en la actuación de los agentes de esa Patrulla. Al respecto, el politólogo e historiador Javier Buenrostro, manifestó a ese medio que la Organización de Naciones Unidas debía ocuparse más de las violaciones de los derechos humanos por parte de esos efectivos, cuyos procedimientos son una réplica de la política y modelo de actuación contra los migrantes del presidente Donald Trump.
En julio pasado la televisora estadounidense nbc News reveló relatos de niñas y niños que denunciaban haber sido víctimas de maltratos y tocamientos indebidos por miembros de la Patrulla Fronteriza en el estado de Arizona. Al menos tres menores centroamericanos entre 15 y 17 años fueron objeto de excesos en los controles de rutina y condiciones infrahumanas de detención, lo cual provocó la apertura de una investigación por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos.
Mujeres agentes de la Patrulla Fronteriza, que solo son el 5 % de ese cuerpo, describieron a The New York Times la existencia entre los hombres «de una cultura de acoso sexual en la que ellas eran menospreciadas, ignoradas para los ascensos y agredidas sexualmente por compañeros de trabajo».
Ese propio mes se efectuó una audiencia especial en la Cámara de Representantes de EE.UU., bajo el título «Niños en jaulas», donde se hicieron duras críticas a la situación reinante en los campos de concentración para migrantes, los abusos y maltratos de que son víctimas, donde varias voces hicieron mención a que se está en presencia de «abuso infantil patrocinado por el Gobierno», porque mantiene a «niños en condiciones miserables».
En ese foro salió a relucir que un sector extremista de la Patrulla Fronteriza se ha organizado en un grupo secreto en la plataforma Facebook en redes sociales, para denigrar a los migrantes y los políticos que los apoyan, con menosprecio, palabras crueles y sexistas.
Uno de los 25 agentes o exagentes de esa entidad entrevistado por el diario The New York Times la pasada semana, asegura que «Las intensas críticas dirigidas a la Patrulla Fronteriza son necesarias e importantes porque pienso que existe una cultura de crueldad o insensibilidad». Francisco Cantú, quien también es el autor de The Line Becomes a River, un libro de memorias sobre su etapa en la agencia, afirmó que «hay falta de supervisión. Hay mucha impunidad».
Mike Green, representante de la organización Human Rights First, que asistió como testigo a la audiencia del Congreso, dijo que estos comportamientos no constituyen una sorpresa, dada la tensión que enfrentan los agentes, el hecho de que se les está pidiendo realizar trabajos para los cuales no están entrenados, y culpó a «las políticas gubernamentales terribles al colocar a agentes policiales en posiciones que no pueden desempeñar».
La crisis moral de los elegidos de Trump los coloca cada vez más a la defensiva, se sienten aislados, rechazados y resentidos. El presidente del sindicato de los agentes afirmó que había recibido amenazas de muerte, otros relatan que son odiados, rechazados en determinados lugares públicos, donde incluso reciben acciones de desprecio.
«Haber pasado de que la gente no supiera mucho acerca de nosotros a que la gente realmente nos odie, es difícil», afirmó uno de los agentes entrevistados, mientras otro estaba tan indignado por los escándalos que quería que se eliminara el lema «Honor primero», que aparece en los vehículos color verde y blanco de la Patrulla Fronteriza.
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