El tema del uso indiscriminado de armas de fuego, lo mismo por un joven que se siente frustrado porque la novia lo dejó, o por otro al que le caen mal los inmigrantes latinos, o el caso de un policía que, al amparo oficial y con arma reglamentaria, dispara contra un negro, solo porque pensó que estaba armado, debiera ser preocupación permanente del gobierno de Estados Unidos.
Y diría más, sería útil un movimiento popular que haga escuchar a los gobernantes y a los encargados de la justicia, los reclamos de las familias que pierden a un hijo, o le mutilan a otro.
Cuánta perversidad y odio se esconden detrás de quienes aprietan el gatillo del fusil que compraron sin otro requisito que el de pagar por el valor de la «prenda». Ese acto es avalado por la II Enmienda Constitucional de Estados Unidos que, aunque redactada en 1791, dejó definido entonces que: «Una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas, no será infringido».
Hoy el mundo es otro. La venta de armas se ha multiplicado cada año por miles –en 2013 hubo un récord de ventas de 16,3 millones de artefactos–, y también el presidente de ese país es otro, un magnate inmobiliario, Donald Trump, que, ante la muerte de 29 personas en un tiroteo reciente y de otras nueve la semana pasada, declaró que «el problema no son las armas, sino personas afectadas mentalmente (locos) y que, por tanto, había que hacer más centros de atención para ellos».
La II Enmienda fue convertida en patente de corso para que una institución de la era moderna –la Asociación Nacional del Rifle– se ampare en ella para crear una fortuna de miles de millones de dólares, determinantes a la hora de aceptar o no a un aspirante a la presidencia o a otros cargos gubernamentales en Estados Unidos.
Los miles de muertos y heridos a causa de esa «libertad» de comprar y usar armas por cualquier ciudadano, no cuentan a la hora de obtener fabulosas ganancias. Cuánta complicidad con esos crímenes se oculta en decisores con fachada de demócratas, que no actúan contra los ejecutores y tampoco contra quienes permiten y estimulan que un ciudadano compre y porte un arma que puede usar para matar a otros coterráneos.
Cuánta mentira de parte de quienes se escudan en una Enmienda constitucional para dar vía libre a la venta de armas. Y la otra cara de esa moneda, el dinero: hasta cuándo va a ser la medida que determine el funcionamiento del país y de sus instituciones. O que, a la hora de las elecciones, se use como herramienta para que el lobby de la Asociación Nacional del Rifle pueda determinar hasta quién es el candidato con más dinero que a la vez es el de mayor posibilidad de triunfo.
Luego de elegidos, ninguno se atreve a hacer acción alguna para regular la venta de armas a civiles. Ese y no otro es un sistema putrefacto, donde el dios dinero es más importante que la muerte de un estudiante, de un niño o persona mayor, incapaz de librarse de quien, fusil en mano, enluta a una familia.
Estados Unidos tiene una población menor que la cantidad de armas en poder de civiles. Por cada 100 habitantes hay 120 armas. Esa cifra es como una tarjeta de crédito que muestra la opulencia –letal, por demás– de una población que vive entre el miedo y la incertidumbre.
Por estos días de comienzo del curso escolar, aunque en Estados Unidos las clases se iniciaron un mes atrás, los padres se han encontrado con otra mercancía que deben llevar sus hijos a las escuelas. Y no se trata de un libro o libreta, sino de una mochila antibalas por valor superior a los 200 dólares, y promovida con toda fanfarria por quienes hacen negocio también de los tiroteos en las escuelas y la inseguridad ciudadana.
El sitio digital de Gun Violence Archive (gva), un grupo de investigación sin fines de lucro, ha contabilizado 249 tiroteos masivos en lo que va del año. Según la televisora cnn: «Los estadounidenses tienen el 48 % de los 650 millones de armas en poder de los civiles en el mundo».
En Contexto:
- La estadounidense ciudad de San Francisco, en California (Suroeste), declaró la noche del martes a la Asociación Nacional del Rifle (nra, por sus siglas en inglés) como una organización terrorista doméstica y llamó a otros municipios del país a seguir su ejemplo.
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