Estados Unidos y… ¿el derecho a la impunidad?

El ejército de Estados Unidos acumula una larga historia de crímenes de guerra, desde el genocidio practicado contra los pueblos nativos de Norteamérica, hasta Afganistán, Iraq y Siria, la lista es bien larga.

Por lo general el Gobierno estadounidense, las fuerzas armadas y la prensa tapan las atrocidades cometidas por sus soldados. Por solo citar algunos ejemplos de la guerra en Iraq, el 19 de noviembre de 2005, soldados estadounidenses recorrieron el pueblo de Haditha matando indiscriminadamente. Aws Fahmi, testigo de la matanza, vio a los marines asesinar a miembros de tres familias, escuchó a su vecino suplicar en inglés para que no los mataran a él ni a los suyos. Sus hijas, víctimas de la saña de los marines, tenían 14, diez, cinco, tres y un año.

Eman Walid Abdul-Hameed, de nueve años, dijo que los marines entraron a la fuerza a su casa a las siete de la mañana. «Los americanos entraron en el dormitorio donde rezaba mi papá y lo mataron a tiros. Fueron al dormitorio de mi abuelita y la asesinaron sin escrúpulos. Tiraron una granada debajo de la cama de mi abuelito». El ataque duró cinco horas y los marines mataron a un total de 24 personas, todos civiles.

El 13 de noviembre de 2006, las tropas estadounidenses abrieron fuego de tanques contra el barrio Al-Dhubat de Ramadi y mataron a unas 35 personas, todos civiles. Haji Jassim, de 60 años de edad, le dijo a Inter Press Service: «Los americanos no nos permitieron acercarnos a las casas para rescatar a los heridos, así que muchos murieron desangrados».

En noviembre de 2004, las fuerzas estadounidenses iniciaron la Operación Phantom Fury contra la ciudad de Faluya. Durante diez días arrasaron la ciudad y mataron a miles de personas. En el ataque usaron municiones de fósforo blanco, arma prohibida por tratados internacionales.

Un video sobre la operación contra Faluya grabado por Kevin Sites, corresponsal de NBC, muestra a varios iraquíes heridos en una mezquita vigilados por marines yanquis. A los detenidos ya los habían cacheado y los dejaron en el suelo durante la noche. Un marine señala a un herido tendido en el piso y dice: «No está muerto, lo finge». Levanta el rifle y le dispara en la cabeza. Otro marine exclama: «Bueno, ahora está muerto». La ejecución de un prisionero, más si está herido, es un crimen de guerra según los Convenios de Ginebra.

Estados Unidos desplegó a sus tropas en Afganistán en 2001, poco después del atentado del 11-S contra la Torres Gemelas. Llegó a tener allí hasta 100 000 soldados. Son varias las organizaciones internacionales que han denunciado la actuación de las fuerzas militares norteamericanas y la CIA en ese país, entre ellas la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, que ha procesado cientos de denuncias de torturas y asesinatos cometidos contra la población civil.

Según los elementos de que dispone, la jurista gambiana Fatou Bensouda, fiscal jefe de la CPI, miembros de las fuerzas armadas habrían infligido «actos de tortura, trato cruel y ofensa a la dignidad de la persona, en territorio afgano». Actos que califican, según el Derecho Internacional, como crímenes de guerra.

La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar: retiró el visado a Fatou Bensouda, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), lo que le impide entrar a Estados Unidos.

Washington no ha ratificado el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI y ha mantenido el principio de no permitir que sus soldados sean juzgados por organizaciones internacionales.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, subrayó en un discurso en el Federalist Society, un foro conservador de Washington, que «no cooperaremos con la CPI; no le prestaremos asistencia; no nos uniremos a ella; dejaremos que se muera ella sola».

En marzo pasado, Mike Pompeo, secretario de Estado, señaló su disposición a rechazar la entrada de funcionarios «que investiguen a nuestro personal en relación con Afganistán». La Corte no pertenece a la familia de Naciones Unidas, pero la fiscal jefe informa de sus actividades a la Asamblea General.

Finalmente, la Corte Penal Internacional, ante las presiones recibidas, se negó a investigar las denuncias de atrocidades cometidas por EE. UU. en Afganistán. El presidente de EE. UU., Donald Trump, elogió la decisión: «Esta es una gran victoria internacional, no solo para estos patriotas, sino también para el Estado de derecho».

Por su parte, la Fiscal ha insistido en que existe «una base razonable para creer» que en Afganistán se cometieron crímenes de guerra y contra la humanidad, y que deben ser investigadas todas las partes, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas de EE. UU. y de la CIA.