El 8 de marzo pasado Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz, que culminó con el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), emitieron un grupo de consideraciones sobre la adopción de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los garantes instaron a las instituciones del Estado colombiano a «garantizar la protección del Acuerdo Final y asegurar el estricto cumplimiento de lo acordado», incluyendo «las disposiciones relativas a la jep», que fue proyectada y acordada con el propósito de garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición.
«Si este camino es objetado se dañará la columna vertebral sobre la cual se construyó el Acuerdo Final de Paz, y quedará en vilo la implementación en sus aspectos más fundamentales» alertaron Cuba y Noruega y advirtieron, además, sobre la afectación a las víctimas y a los excombatientes que ya han dejado las armas para ser parte de la legalidad.
El presidente de la República de Colombia Iván Duque Márquez, anunció el 10 de marzo: «Tras un análisis, quiero anunciarles a los colombianos la decisión que tomé y explicar de cara al país mis argumentos. He decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción
Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente», lo que ha sido interpretado por los que apoyan el proceso de paz, como un serio obstáculo en su avance.
Cientos de manifestantes protestaron en Colombia contra las objeciones del presidente Iván Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los pilares del acuerdo con las farc. La citada ley solo necesita la sanción presidencial para entrar en vigor.
En carta enviada a António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, integrantes de las delegaciones que en nombre del Gobierno de Colombia y de las farc-ep elaboraron el Acuerdo de Paz, congresistas que forman parte de las comisiones de paz del Senado de la República y de la Cámara de Representantes; exministros y exfuncionarios de gobierno; víctimas del conflicto armado, dirigentes de representativas organizaciones e instituciones de la sociedad civil colombiana, académicos, columnistas de opinión e intelectuales, ciudadanas y ciudadanos que trabajan por la paz y la reconciliación nacional, enunciaron: «Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo, la estructura y el funcionamiento de la jep, así como el sistema diseñado para honrar los derechos de las víctimas.
Agregaron los firmantes que «para que la jep logre su objetivo de llamar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de guerra, y, en general, de graves violaciones a los derechos humanos a rendir cuentas judiciales, debe contar con todas las herramientas institucionales, financieras y legales que necesite de acuerdo con la envergadura de su tarea.
«De no ser así, habría riesgos para el pleno ejercicio de sus competencias y podrían presentarse escenarios en que la falta de herramientas jurídicas favorezca la impunidad y limite la garantía de los derechos de las víctimas». Recordaron que es en esa ley «donde se garantiza la autonomía financiera de la jep, cuyo presupuesto ya ha sido cuestionado por el partido de gobierno calificándolo de exageradamente alto».
La ONU ha pedido que se respete la integralidad del Acuerdo porque lo considera clave para el desarrollo del proceso de paz en Colombia. Desde el país sudamericano se destaca el carácter transicional del proceso de paz y se lamenta que el presidente insista en formular nuevos obstáculos o en intentar revivir debates ya superados.
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