Movimiento de los chalecos amarillos en Francia: reivindicación de justicia social y fiscal

Desde su llegada al poder el Presidente Emmanuel Macron ha multiplicado las medidas antisociales, adoptando decisiones favorables a los más adinerados. En 2017, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato Macron solo consiguió el sufragio del 18,19 % de los electores presentes en las listas. Así el 81,81 % de los inscritos expresó otra opción política. En la segunda, en un contexto de Frente Republicano destinado a oponerse a la extrema derecha, el exbanquero de Rothschild obtuvo el sufragio de apenas el 43,26 %, ilustrando así la crisis del sistema democrático francés.

No obstante, el candidato del poder del dinero se benefició de una campaña mediática sin precedente. En efecto, en Francia, diez multimillonarios controlan los principales canales privados (Canal+, tf1), los canales informativos (lci, bfm-tv, cnews), los principales diarios nacionales (Le Monde, Libération, Le Figaro) y los semanales más difundidos (Le Point, L’Express, Le Nouvel Obs). Pusieron a disposición del candidato Macron sus recursos....

Una vez electo, la primera medida que tomó fue suprimir el Impuesto sobre la Fortuna. Así, como promedio, los cien patrimonios más importantes de Francia recibieron un rembolso de 1,5 millones de euros cada uno. Decidió disminuir la flat tax –impuesto global único sobre los ingresos del capital– del 50 % al 30 %. En total, esas dos decisiones privan a las finanzas públicas de al menos 4 500 millones de euros cada año. Al mismo tiempo transformó el Crédito de Impuesto para la Competitividad y el Empleo (cice) –oficialmente destinado a favorecer el empleo, pero que beneficia casi exclusivamente a las grandes empresas francesas– en disminución de las cotizaciones sociales para los sueldos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo.

DISMINUCIÓN DE LAS AYUDAS SOCIALES

Para compensar las pérdidas presupuestarias vinculadas a los regalos fiscales para las grandes empresas y las capas más pudientes, el Gobierno decidió reducir los gastos sociales. Así, los «contratos ayudados» que permitían a los jóvenes desempleados conseguir un trabajo fueron en parte suprimidos, mientras la tasa de desempleo entre los jóvenes de menos de 25 años supera el 22 %. También se redujo la ayuda para la vivienda destinada a los estudiantes, mientras el 20 % de ellos vive por debajo del umbral de pobreza. Decidió aumentar algunos impuestos como la Contribución Social Generalizada (csg), que pasó de 6,6 % al 8,3 %.

Ha multiplicado los regalos a los más ricos, empobreciendo sensiblemente al Estado, ha llevado una guerra implacable contra los servicios públicos, disminuyendo funcionarios en sectores que ya sufren ampliamente escasez de personal como educación y salud.

La situación social de Francia –con cerca de nueve millones de pobres, más tres millones de desempleados, dos millones de analfabetos y 200 000 personas sin techo– la política antisocial del Gobierno, el desprecio y la indiferencia por parte del poder hacia los ciudadanos más modestos, desató un amplio movimiento de protesta popular conocido con el nombre de los chalecos amarillos.

El detonante fue la decisión de aumentar el impuesto sobre la gasolina (siete céntimos por litro de gasoil y cuatro por litro de súper), impuesto destinado a recaudar los 4 500 millones de euros anuales, el equivalente de la pérdida sufrida por la supresión del Impuesto sobre la Fortuna y la disminución de la flat tax. La medida suscitó una ola de indignación nacional espontánea y plural, que se ha traducido en la movilización popular para protestar contra el carácter inicuo del impuesto.

RESPUESTA GUBERNAMENTAL

El Gobierno ha respondido con una represión de niveles inauditos. Una mujer de 80 años falleció en Marsella tras ser alcanzada por una granada lacrimógena de la policía. Varios manifestantes fueron gravemente heridos por las fuerzas del orden. Algunos –entre ellos una joven alumna de 16 años– fueron desfigurados por balas de goma recibidas en pleno rostro. Una joven estudiante de 20 perdió un ojo. Otros fueron mutilados por la explosión de granadas ensordecedoras. Un joven de 26 fue amputado de su mano derecha tras ser alcanzado por otra granada de la policía. Francia es el único país de Europa que usa granadas explosivas contra los manifestantes.

Frente a la persistencia, el Gobierno tuvo que renunciar definitivamente al alza del impuesto sobre la gasolina. Anunció una ayuda de 80 euros mensuales –no incluida en el sueldo mensual, así no se toma en cuenta para el cálculo del subsidio del desempleo y para la pensión– a los trabajadores que reciben el salario mínimo. No obstante, los contribuyentes, y no las empresas, asumirán la totalidad del costo. El salario diferido (bruto), es decir, las cotizaciones sociales a favor de la pensión, del subsidio de desempleo y de la seguridad social, será drásticamente disminuido a favor de un aumento mínimo del salario neto.

El Gobierno no ha hecho ningún gesto para los desempleados, los que reciben pensiones bajas, las personas que sobreviven gracias a las ayudas sociales o los funcionarios, en una palabra, una parte sustancial de la población.

Estas medidas no responden a las expectativas de los franceses, quienes aspiran a más justicia fiscal, con un impuesto más progresivo que no se base únicamente en cinco segmentos. La clase media asume el peso de los impuestos, mientras que las grandes fortunas, mediante las exenciones fiscales o la evasión fiscal legal o ilegal, logran escapar de sus obligaciones tributarias.

La opinión pública también exige un gran plan contra el fraude fiscal, que cuesta al Estado cada año entre 80 000 y 100 000 millones de euros y priva al país de muchas inversiones necesarias.

El movimiento de los chalecos amarillos, apoyado por el 80 % de la opinión pública, aspira a una repartición más equitativa de las riquezas nacionales. Los ciudadanos, apegados al Programa del Consejo Nacional de la Resistencia, a saber, la seguridad social, la educación y la salud gratuitas, las prestaciones sociales para las categorías modestas, el sistema de pensiones por repartición, el control por el Estado de los sectores estratégicos de la economía, los servicios públicos, exigen justicia social y fiscal, una democracia más participativa y el derecho a vivir con dignidad.

*Fragmentos de artículo publicado en L’Humanité.