La activista indígena Milagro Sala, presa desde enero del 2016, será sometida a otro juicio, ahora por homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria en grado de tentativa, en unos hechos ocurridos en el 2007, según informó Telesur.
Milagro Sala es dirigente de la agrupación barrial Tupac Amaru, una de las más activas de América Latina y el Caribe. Además, resultó diputada del Parlasur desde el 2015 por el Frente para la Victoria. Y esos son solo dos elementos que demuestran la valía de esta luchadora social nacida en Argentina en 1954.
A Sala se le acusa por la causa conocida públicamente como la balacera de Azopardo, en la provincia de Jujuy, lugar donde nació y permanece encarcelada desde enero del 2016. Fue detenida por una supuesta incitación a la violencia, cuando lideraba protestas en contra de las gestiones políticas del Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Rubén Morales.
Fue imputada por supuesta «instigación a cometer delitos y tumultos», o sea, por una causa que empezó en el 2009, a raíz de una protesta social contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, una manifestación en la cual no estuvo presente.
Asimismo, a esa causa le añadieron durante los meses siguientes otras como la presunta irregularidad de administración de fondos destinados a la construcción de viviendas, y también se le acusó de ser autora de delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
Igualmente, se le imputó en otro expediente como coautora del homicidio agravado por el que ahora será sometida a juicio.
Tras varios pedidos, finalmente, por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mandato de la Corte Suprema de Justicia, el 15 de diciembre del 2017, Sala fue trasladada a una vivienda para continuar con el cumplimiento de la disposición judicial.
Durante estos meses sufrió varios problemas de salud, puesto que ha sido víctima de una persecución política sin pausa.
La política contradictoria de un gobierno
Hace pocos días Milagro afirmó que el mandatario argentino, Mauricio Macri, y su equipo de Gobierno, han destruido, en dos años y diez meses, todos los avances que se lograron durante la gestión de los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
La luchadora social destacó que actualmente llegan para gobernar a Argentina grandes poderes como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las tropas estadounidenses. Además, admitió que no se siente resignada y que espera que no se repitan las historias de colonización.
Por su parte, el presidente de la nación sudamericana, Mauricio Macri, enviará este mes al Congreso las reformas del Código Penal en las que penaliza los cortes de calle y la migración.
De acuerdo con medios locales, el Ejecutivo nacional aumentará las penas por los cortes de tránsito o «atentados a la seguridad pública» e informó sobre la creación del delito de incumplimiento a la prohibición de ingresar a la nación para los migrantes, cuando el Estado no autorice su entrada.
Los cambios fueron propuestos por el miembro de la Cámara de Apelaciones, Mariano Borinsky, quien trabajó año y medio en el anteproyecto, y fueron «agilizados» por el mandatario para que sean llevados al Senado y discutidos después del presupuesto para el 2019.
Dichas modificaciones se dan en un contexto de protestas y cortes de calle por parte de la población contra el acuerdo del Gobierno nacional con el fmi y los recortes presupuestales para el próximo año, los cuales pretenden incrementar la pobreza y el desempleo.













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Lenin dijo:
1
7 de noviembre de 2018
11:13:44
Graciela María Hernández Agüero dijo:
2
7 de noviembre de 2018
11:37:56
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