Asesinatos de líderes colombianos preocupa en Naciones Unidas

El incremento en los asesinatos a líderes en Colombia continúa despertando las alarmas en gran parte del mundo, incluyendo en la propia Organización de Naciones Unidas, donde más de 90 países se pronunciaron recientemente con preocupación acerca del tema en la discusión del Informe de este país ante el Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, Suiza.

Aunque el informe hacía referencia a una disminución de las tasas de homicidios y secuestros, la realidad es que entre el 2016 y el 2018 en Colombia se reportaron 261 crímenes, una realidad aplastante ante los 35 casos que en el 2013 habían sido reportados por la Defensoría del Pueblo.

En lo que respecta a Colombia, casi todos los que intervinieron tenían una misma inquietud: la grave amenaza que persigue a los líderes sociales del país.

Así, haciendo hincapié una y otra vez sobre una lección reprobada, cada uno de los países, incluyendo a Alemania, Canadá, Suecia y Noruega, le pidieron diplomáticamente al Gobierno colombiano medidas certeras para frenar el baño de sangre que padecen los líderes sociales y que se ha incrementado, al menos cuatro veces, en los últimos años.

Mientras, embajadores y sus delegados esperaron su turno para intervenir. Erlendey Cuero, una lideresa afro que atravesó el mundo desde Buenaventura (Valle del Cauca), dejó un volante sobre los escritorios del salón de Derechos Humanos y la alianza de las civilizaciones, en el Palacio de Naciones Unidas.
El papel llevaba impresos los rostros de 12 líderes asesinados, todos afrocolombianos, los cuales iban acompañados del siguiente mensaje: «La paz aún no llega a nuestros territorios».

Y es que a dos años de la firma del acuerdo con las FARC-EP, el golpe de violencia más fuerte detonó, paradójicamente, en los encargados de promover la paz en las regiones.

Dicha problemática, según el Gobierno nacional, se origina por la contención que muchos de estos líderes ejercen sobre organizaciones criminales que intentan tomar el control en territorios donde son fértiles las rentas ilegales.

Por ello, se inició un plan para su protección que cobija las zonas de más alta tensión del país sudamericano, o sea, Catatumbo, Pacífico nariñense y Bajo Cauca antioqueño.

Actualmente, existen 4 000 líderes sociales que reciben diferentes medidas de protección; el 60 % de los mismos se desenvuelve en zonas rurales.