Política y paro en Brasil: una crisis a dos voces

BRASILIA.–La huelga de los trabajadores del transporte tiene al gobierno de facto de Michel Temer en jaque a solo cinco meses de celebrarse las elecciones generales en Brasil.

Las protestas de los transportistas tienen una repercusión significativa en la economía carioca, que intenta recuperarse de la recesión. Los camioneros, en huelga desde el lunes por los altos precios del diesel, han bloqueado parcialmente varias autopistas en 24 de los 27 estados que conforman la nación.

Los efectos del estanco han empezado a sentirse después de registrarse en diversas ciudades problemas de abastecimiento de productos básicos, como la gasolina o alimentos.  Así mismo Petrobras ha experimentado una caída exponencial en sus acciones luego de ser la mayor beneficiada con el aumento del precio de los combustibles.

Las políticas neoliberales implementadas por la administración de Temer son las principales causantes de esta situación. Las mismas amenazan con dar al traste con las conquistas sociales alcanzadas durante las dos administraciones anteriores, mientras que les conceden mayores privilegios a los consorcios financieros poseedores de la gran parte de las riquezas en el país.

El gigante sudamericano es un hervidero de contradicciones internas y la administración de Temer no cuenta con mucho tiempo. Según reportó Russia Today, los principales líderes de los sindicatos que llamaron a huelga han aceptado un cese de 15 días, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, pero aún así algunos conductores se niegan a abandonar los reclamos.

Entretanto, este domingo se llevaron a cabo manifestaciones en apoyo al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado desde abril por supuestas irregularidades financieras, para reivindicar su candidatura presidencial en octubre.

«Todo Brasil está unido con una sola voz: ¡Lula presidente!», proclamaba el diputado Paulo Pimenta, en una reunión de decenas de militantes en Brasilia.
Lula da Silva fue encarcelado el pasado 7 de abril y está cumpliendo una sentencia de 12 años por una condena por supuestas irregularidades financieras que no han sido probadas.