Se abre un largo proceso tras entrega voluntaria de Puigdemont y sus consejeros

BRUSELAS.–Muchos caminos se abren ahora en el complejo ajedrez político que viven España y Cataluña, tras la entrega voluntaria del expresidente catalán Carles Puigdemont y sus cuatro exconsejeros en una comisaría de la capital belga.

Con ese acto, los miembros del depuesto gobierno  evitaron la imagen de su arresto por parte de la policía, pero ahora se inicia un proceso que puede prolongarse de dos a tres meses, donde el juez deberá decidir entre tres opciones: rechazar la euroorden emitida por el ejecutivo de Madrid, mantener a Puigdemont y el resto bajo prisión provisional o dejarlos en libertad bajo ciertas condiciones, como la imposibilidad de viajar o el pago de una fianza.

Tampoco son descartables algunas restricciones que entorpecerían la campaña de Puigdemont, desde Bélgica, para las elecciones del próximo 21 de diciembre, informó El País.

Ahora el futuro es incierto. «El juez podría considerar que el político español no tendrá contacto con los medios de comunicación», según señaló el portavoz de la fiscalía belga, Gilles Dejemeppe, refiere Europa Press.

Además, este órgano de justicia del país donde Puigdemont y sus consejeros se exiliaron negó cualquier presión política sobre el proceso. «Desde que recibimos la orden no hemos contactado a los ministros de Bélgica o España», agregó.

Después será el turno de la Cámara del Consejo, la primera instancia judicial, que tendrá 15 días para pronunciarse sobre la entrega a la justicia española, una decisión que podrá ser recurrida, sucesivamente, ante la Corte de Apelación y la de Casación, hecho que permitiría a Puigdemont permanecer en Bruselas hasta enero o febrero del próximo año.

Así, desde el exterior, el expresidente catalán desarrollaría la campaña de unas elecciones para conformar una lista unitaria independentista y para las cuales el Partido Demócrata Europeo Catalán ya lo eligió como su candidato.
De lo contrario, y si los acusados aceptaran ser juzgados en España, el proceso se aceleraría y serían entregados a las autoridades locales en breve.

Respecto a esta opción el destituido presidente catalán aseguró, en repetidas ocasiones, que no cree en la imparcialidad de la justicia española porque está politizada y, por tanto, no existen garantías de un juicio justo e independiente.

No obstante, Puidgemont y los ministros afirmaron su disposición a colaborar, plenamente, con la justicia belga en cuanto a la orden de arresto europea emitida por España.