MANAGUA.–Nicaragua reafirmó ayer su rotundo rechazo a la Nica Act, aprobada la víspera por el Congreso de Estados Unidos con el fin de imponer cambios internos a este país centroamericano mediante trabas económicas.
«Consideramos esta iniciativa de ley como una violación a la soberanía de Nicaragua», señaló en un comunicado el gobierno de Managua, al catalogar esta maniobra de Washington como una acción «irracional, ofensiva y lesiva de los derechos humanos» de los nicaragüenses.
Asimismo, el texto patentizó el enfrentamiento a lo que describió como «posiciones retrógradas, de injerencia e irrespetuosas» de varios congresistas norteamericanos que todavía no superan la conflictividad e intereses ajenos a la voluntad de los pueblos.
La Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017, conocida coloquialmente como Nica Act, es un proyecto de ley resucitado por 25 legisladores –15 republicanos y diez demócratas–, que pretende imponer sanciones económicas a Nicaragua mientras no celebre elecciones que Washington apruebe como «democráticas».
En ese sentido, la iniciativa busca vetar los préstamos y financiamientos que recibe el país centroamericano de organismos internacionales, de 250 millones a 300 millones de dólares anuales.
Ante esa postura, la Asamblea Nacional de Nicaragua emitió en julio pasado una declaratoria oficial que tilda dicha política como una acción hostil en contra del pueblo nicaragüense y los países de la región que enarbolan la paz y la seguridad como principales ejes para el desarrollo.
«Estas actuaciones no contribuyen a las relaciones de amistad, complementariedad y solidaridad recíproca entre los pueblos y gobiernos de Nicaragua y Estados Unidos de América», enfatizaron entonces los legisladores.
Igualmente, expresaron su compromiso de continuar cumpliendo con el mandato del pueblo de fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad en pos del bienestar de todos los nicaragüenses.
Por su parte, el gobierno de Managua anunció que interpondrá un proceso jurídico para exigir a Estados Unidos el pago de la indemnización ordenada en 1986 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como compensación por todos los daños ocasionados durante el escándalo Irán-Contra. (PL)













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