Guatemala: en el ojo de otra tormenta

Hace dos años, el entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ocupaba titulares a nivel mundial tras destaparse un escándalo de corrupción en el que estaban involucrado tanto él como altos funcionarios de su gobierno, incluida la vicemandataria Roxana Baldetti.

El caso conocido como «La Línea», llamado así por la línea telefónica utilizada para delinquir en temas como contrabando y evasión de impuestos en la aduana, fue expuesto a inicios del 2015 por la Fiscalía de esa nación centroamericana y la Comisión Internacional Contra la Im­punidad en Guatemala (Cicig).

Las ganancias de «La Línea» alcanzaron los 3,6 millones de dólares entre mayo del 2014 y abril del 2015, y su destape ocasionó la renuncia de Baldetti, y meses después la de Pérez Molina (quien se negó a abandonar su cargo en un primer momento).

Ambos –junto a otros funcionarios de su gobierno– enfrentan en la actualidad varios procesos por corrupción.

Hoy, el país se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego de que el mandatario Jimmy Morales declarara como persona non grata al jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez.

Velásquez se encuentra desde finales del 2013 frente a la Cicig, un organismo creado hace 11 años por mutuo acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco.

De acuerdo con su página digital, la Cicig es una institución sin precedentes dentro de la ONU, y posee atributos de un Fiscal internacional, aunque opera bajo las leyes de la nación centroamericana.

«La Cicig apoya a las instituciones del Estado en la investigación de las actividades de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad», dice el sitio web.

¿QUÉ OCURRE CON LA CICIG Y JIMMY MORALES?

Tras pasar a la segunda vuelta de las presidenciales en Guatemala, en el año 2015, Jimmy Morales, citado por Telesur, afirmó que Iván Velásquez debía seguir, y aseguró que de ganar los sufragios promovería la permanencia de la Cicig por varios años.

De hecho, en una visita a Naciones Unidas el pasado año, el presidente, quien llegó al poder bajo el lema Ni corrupto ni ladrón, abogó en la sede de ese organismo internacional por continuar la misión de la Cigig hasta el 2019, petición que fue aprobada posteriormente.

Sin embargo, las relaciones entre ese organismo y Morales comenzaron a cruzarse cuando Edgar Justino Ovalle, persona cercana al mandatario y uno de los creadores del gobernante Frente

Convergencia Nacional (FCN) se vio involucrado en acusaciones por desapariciones forzadas, y más adelante fue señalado por ocultar información del financiamiento de la campaña del partido, según investigaciones de la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos del Ministerio Público.

Tiempo después, a inicios del 2017, un nuevo caso dedicado a investigar faltantes de fondos dentro del Estado reveló la implicación del hijo y el hermano de Jimmy Morales, por lo que en julio ambos fueron enviados a juicio bajo los cargos de fraude y lavado de dinero.

El punto clave del conflicto ocurrió a finales de agosto cuando la Cicig y la Fiscalía guatemalteca revelaron que el presidente tuvo financiamiento ilícito durante la campaña que lo llevó al poder en el 2015.

Días después, Morales declaró a Velásquez persona non grata y ordenó su expulsión, sin embargo, esto fue rechazado posteriormente por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En ese sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, reiteró su apoyo a Velásquez al frente de la Cicig: «No hay ninguna queja recibida en relación con el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el Secretario General recomienda su trabajo (…) y espera continuar apoyándole en el desempeño de sus funciones al frente de la Comisión».

La CSJ inició un trámite para el antejuicio de Morales bajo la acusación de financiamiento electoral ilícito; sin embargo, esto fue rechazado recientemente en el Congreso, por lo que el mandatario logró mantener su inmunidad.