LA PAZ.–El presidente Evo Morales juramentó el lunes a los cinco miembros de la denominada Comisión de la Verdad, que investigará la violación de los derechos humanos ocurridos en las dictaduras que gobernaron Bolivia entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982.
«Hermanas y hermanos en este día tan negro para la historia (de Bolivia) desde aquellos tiempos, pero ahora este día debe ser de fortaleza y esperanza y sobre todo para una profunda reflexión», dijo el jefe de Estado en un acto que se realizó en el Palacio de Gobierno.
La Comisión de la Verdad investigará y recabará información y documentación que permita establecer indicios de responsabilidad civil y penal de los posibles autores intelectuales, materiales, instigadores, cómplices y encubridores de los denominados crímenes de lesa humanidad.
Evo dijo que entre las responsabilidades más importantes de esa comisión está encontrar el cuerpo del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, revelar cuánto dinero perdió Bolivia con el régimen dictatorial y socializar las causas que generaron la aplicación de ese cruel periodo a las nuevas generaciones.
El mandatario pidió a las Fuerzas Armadas cooperar en la investigación de la Comisión de la Verdad, apuntó ABI.
En su discurso, Morales recordó la violación de los derechos humanos en esa época sangrienta, en la que existía el «toque de queda», la prohibición del sindicalismo, la violación a mujeres y desapariciones de dirigentes socialistas, entre otros crímenes.
El jefe de Estado acusó a EE.UU. de organizar y gestar golpes de Estado en la región con el denominado Plan Cóndor, para adueñarse y saquear los recursos naturales de los diferentes países de Latinoamérica.
Según el Gobierno, en un lapso de dos años, la Comisión de la Verdad deberá presentar un informe final sobre los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y dar con los responsables, entre ellos, el expresidente de facto Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, que cumplen condenas de 30 años de cárcel sin derecho a indulto por delitos de lesa humanidad en Bolivia.
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