Nicaragua rechaza injerencismo de la Nica Act

MANAGUA.-El gobierno de Nicaragua rechazó este jueves la introducción en el Congreso de Estados Unidos del proyecto de ley conocido como Nica Act, que busca imponer sanciones económicas contra el país centroamericano para forzar cambios internos.

«Rechazamos y condenamos la Nica Act como la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos», afirmó la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo, al dar a conocer la respuesta emitida por las autoridades de Managua.

Asimismo, subrayó que el país continuará desarrollando «sus políticas y propuestas de unidad nacional, de acuerdo a nuestros compromisos constitucionales y a nuestras realidades».

«Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria, continuará desarrollándose en el modelo de diálogo, alianzas y consensos, que ha asegurado reconciliación, paz y unidad, y nos permite enfrentar con fé y optimismo todos los desafíos», señala el comunicado.

«En un año de procesos electorales municipales, continuamos creando las condiciones óptimas para que las familias nicaragüenses expresen su voluntad, y elijan sus Gobiernos locales en armonía social, y en garantía de esta paz que todos procuramos, con nuestro esfuerzo y trabajo cotidiano», agrega.

De acuerdo con el pronunciamiento del gobierno sandinista, ante esta nueva provocación Nicaragua ha iniciado un proceso jurídico que «nos permitirá exigir a los Estados Unidos de Norteamérica, el pago de la indemnización ordenada en 1986, por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como compensación por los daños fatales ocasionados al pueblo y Gobierno de Nicaragua, por la intromisión destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales».

«El Estado nicaragüense reclamará el derecho de nuestro país a ser reconocido hoy, con recursos que se dispondrán para la paz, la democracia y el desarrollo», concluye el pronunciamiento.

La Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017, conocida coloquialmente como la Nica Act, es un proyecto de ley resucitado por 25 legisladores -15 republicanos y diez demócratas- que pretende condicionar los préstamos y financiamientos de organismos internacionales a la nación centroamericana.