Financiar paramilitares: delito de lesa humanidad en Colombia

BOGOTÁ.—La decisión de la Fiscalía colombiana de declarar delito de lesa humanidad la financiación del pa­ramilitarismo en el Urabá sentó un precedente para ju­­dicializar a quienes hayan aportado dinero a esos grupos, destacaron ayer noticiarios locales.

El fallo emitido la víspera considera que los bananeros de dicha zona antioqueña fi­nanciaron la expansión de un frente paramilitar como resultado de un acuerdo voluntario.

En un documento de 125 páginas, la Fiscalía dejó cla­­ro que esos aportes no fueron producto de la extorsión, si­no de un pacto, el cual permitió constituir to­do el andamiaje logístico y econó­mico para poner en funcionamiento esa formación (del paramilitarismo) y de paso sembrar el terror en el Urabá, comentó el diario El Tiempo. Tal conducta tipifica dentro del delito de concierto para delinquir agravado, amplió el ente acusador.

El fiscal del caso aclaró que aunque la investigación en cuestión se limita al hecho puntual de los bananeros que dieron plata a la mencionada banda, esa misma tesis podría aplicarse a quienes sustentaron a otras agrupaciones ilegales autoras de un sinnúmero de actos delic­tivos.

Esa estructura estuvo detrás de asesinatos selectivos, casos de desaparición forzada, desplazamientos de población civil de sus lugares de origen, reclutamiento ilícito de menores y torturas, precisó El Espectador.

Tal dictamen coincide con denuncias de defensores de derechos humanos y políticos sobre un incremento o revitalización del paramili­ta­rismo en varios departamentos colombianos, flagelo al que atribuyen el exterminio de líderes sociales y militantes de la plataforma Marcha Patriótica (MP).

Aunque el Gobierno admite la muerte de medio centenar de dirigentes comunitarios y activistas de izquierda (entre ellos miembros de MP) durante el 2016, esa organización afirma que el número de víctimas es superior.