Poderes estatales se alinean contra acciones fraudulentas de la oposición

CARACAS.—La sucesión de actos fraudulentos e inconstitucionales cometidos últimamente por la oposición venezolana para promover a cualquier costo el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, ha tenido una posición firme de rechazo por las instituciones del Estado, cuyas autoridades la coalición de derecha pretende desconocer.

Acerca de la más recurrida alternativa opositora, la petitoria de revocatorio presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que solicitará al Ministerio Público una investigación sobre las irregularidades perpetradas durante la recolección de firmas de al menos un 1 % de los votantes registrados, a fin de ac­tivar un proceso plebiscitario contra el mandatario.

Declaraciones de la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, re­fieren que en la etapa de validación de las rúbricas fueron de­tectadas acciones que delatan usurpación de identidades —firmantes presentados bajo las señas de otros— y un número de elec­tores que intentó registrarse más de una vez en distintas locaciones del país.

Detalló que esta solicitud permitirá atender las denuncias de miles de ciudadanos que reclaman el uso de los nombres de fa­miliares fallecidos, y de otros 5 900 que alegan no haber firmado y sus datos, sin embargo, aparecen en los listados presentados por la MUD.

Lucena, quien personalmente ha sido víctima de vejaciones e insultos por voceros de la derecha, dijo que el informe conclusivo de la primera fase incluye las dos solicitudes presentadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en las cuales pide al CNE evaluar el flagrante fraude cometido por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y reclama su exclusión como partido, en apego a la Ley de Partidos Políticos.

El alcalde del municipio caraqueño de Libertador, Jorge Ro­dríguez, jefe de la Comisión de Verificación de Firmas, aseveró que este gran timo, “el más grande de la historia del país”, hace que el revocatorio esté “muerto legalmente”, y entre las cifras ilustrativas de la estafa destacó las más de 10 000 personas fa­llecidas, las 9 333 cédulas inexistentes, los 3 000 menores de edad y los 1 300 inhabilitados aparecidos en los registros.

A la par de esta situación, y en el otro escenario fundamental de conspiración mediante procederes inconstitucionales, la directiva de la Asamblea Nacional chocó con la declaración de nulidad e ineficacia jurídica que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hizo valer sobre el acto de juramentación de tres diputados suspendidos y bajo investigación.

El TSJ calificó de desacato la posición arbitraria y desa­fian­­te de la mayoría opositora en el ente legislativo, al to­mar ju­ramento y autorizar el ejercicio parlamentario de los diputados indígenas por el estado Amazonas, Julio Ygarza, Nirma Gua­rulla y Ro­mel Guzamana.

El más alto tribunal de la nación advirtió que se reservará “to­das las acciones y procedimientos judiciales a que haya lugar, a fin de exigir las responsabilidades respectivas y mantener el orden constitucional”.

En la mañana de este martes también el Poder Moral, en voz del contralor general de la República, Manuel Galindo, en compañía del defensor del Pueblo Tarek Saab, rechazaron los actos inconstitucionales del Legislativo y advirtieron que tales posiciones solo intentan inducir una crisis política y jurídica que entorpezca la gobernabilidad del país y altere la paz social.

VENEZUELA RECHAZA BOICOT CONTRA SU PRESIDENCIA EN MERCOSUR
Mediante un comunicado publicado por su Cancillería, la nación bolivariana rechazó categóricamente el boicot consensuado por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, para desconocer abiertamente, por medio de recursos legales inventados, “sin soporte en el Derecho”, la asunción de Venezuela co­mo presidente pro témpore de Mercosur.

La nota denuncia que la denominada Triple Alianza intenta enmascarar de legalidad una maniobra artera y leguleya que echa mano a una “fraudulenta tesis” para declarar un supuesto de vacío en la dirección del bloque económico, y así usurpar el derecho reglamentario que —según el periodo de mandato de seis meses, vencido por Uruguay, y de acuerdo con el orden alfabético— condiciona el traspaso legítimo de la presidencia a Ve­nezuela.

La comunicación subraya que esta conspiración “pretende reeditar una suerte de Operación Cóndor contra Venezuela, que hostiga y criminaliza su modelo de desarrollo y democracia, agresión que no repara incluso en destruir la institucionalidad y legalidad del Mercosur”.