Brasil entra en un impasse

El juicio político a la presidenta Dilma Rous­­seff, iniciado este jueves luego de una ma­ratónica sesión en el Senado, abre un im­passe para Brasil. En estos seis meses que, por ley, estará apartada de sus funciones, el mandatario interino, Michel Temer, tendrá las riendas de la mayor economía sudamericana, que no pasa por un buen momento.

Los movimientos sociales y de base del Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados se mantienen en las calles y han recalcado que no reconocerán a un “gobierno de facto”. En el plano externo, gobernará con una comunidad internacional que cada día aumenta sus de­nuncias contra el golpe de Estado parlamentario contra Rousseff.

Una veintena de nuevos ministros lo acompañan. Todos son blancos. No hay ni una mu­jer y mucho menos, un negro. De ellos, al me­nos siete son investigados por la Justicia o ya fueron condenados.

BBC Brasil detalla que el titular de Pla­ni­fi­ca­ción, Romero Jucá (presidente del Par­tido del Mo­vimiento Democrático Bra­sileño PMDB) es  i­nvestigado por desvío de dinero en la empresa Pe­trobras, en el contexto de la Operación Lava Jato.

Otro que está bajo la lupa de la justicia es Eliseu Padilha, quien ahora es jefe de la Casa Civil. El también pemedebista se libró de una acusación de desvío de recursos y estaba siendo investigado por la contratación de una empleadora fantasma mientras era líder de la Cámara de Diputados. Padilha le pasó su cargo al expresidente de esa Cámara, Eduardo Cunha.

Estos son solo dos ejemplos de los hombres que acompañan a Temer en su escalada  a Planalto.

Otra cuestión llamativa es el caso de Bruno Araújo (Partido de la Social Democracia Bra­sileña). Su voto por el Sí, el 342, fue el que decidió la votación en la Cámara de Diputados cuando se debatió el proceso de impeachment contra Rousseff el pasado 17 de abril. Tal parece que su puesto al frente de la cartera de Ciudades es un regalo por su “valentía”.

El clan de Temer incluye a Sérgio Et­che­go­yen, quien dirigirá un ministerio renovado por el presidente interino: el de Seguridad Ins­titucional. Su nombre apareció como una su­gerencia del Comandante del Ejército, Eduardo Villas Boas y el extitular de Defensa, Nelson Jobim. Sérgio es hijo del general Leo Guedes Etchegoyen, uno de los responsables señalados en los informes de la Comisión de la Verdad creada para investigar los crímenes de la dictadura (1964-1985).

PRIMERAS MEDIDAS

Desde su primer día Temer anunció que se adoptarían medidas “duras” y “de urgencia” enfocadas sobre todo en la economía. El neoliberalismo toca a la puerta nuevamente.

Henrique Meirelles (PMDB), ocupante de la cartera de Hacienda, dijo este viernes que “se recortarán los gastos y privilegios para los que no lo necesitan”. El titular, muy “respetado” en Wall Street y expresidente del Banco Central brasileño (2003-2011) reconoció que los programas sociales implementados por los gobiernos del Partido de los Trabajadores “se mantendrán”.

Aumentar la inversión extranjera con capital privado en los recursos energéticos del país también forma parte de la agenda. “El Go­bierno no puede sobrellevar todas las demandas de un pueblo, se necesita la inversión privada y eso es lo que yo haré”, dijo el presidente interino.

También se reformará el sistema de pensiones y se recortarán al menos 4 000 puestos de trabajadores del sector público. Nada de lo anunciado sorprende.

CENTRALES SINDICALES RECHAZAN NUEVO GOBIERNO

La agencia Prensa Latina informó que centrales sindicales y movimientos campesinos anticiparon su rechazo al llamado Puente para el futuro, el programa del nuevo gobierno brasileño, que encabezado por el presidente interino Michel Temer realizó este viernes su primera reunión ministerial.

En un mensaje difundido en Brasilia, el máximo dirigente de la Central de los Tra­ba­jadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), Adil­son Araújo, advirtió que el Ejecutivo instalado, con Temer al frente y muchas figuras marcadas con el rótulo de “corrupción”, carece de legitimidad y no merece ni tendrá tregua en las calles.

El programa de los golpistas, contenido en el documento Puente para el futuro, del Par­tido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y en los 15 Puntos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), constituyen una amenaza a los derechos y las conquistas de la clase trabajadora, la soberanía nacional y la democracia, señaló.

Araújo alertó asimismo que es de esperarse una ofensiva autoritaria e intentos de criminalizar las luchas y los movimientos sociales, los cuales —dijo— deben rechazar con energía el programa de retroceso que los golpistas al servicio de la burguesía y el imperialismo pretenderán imponer.

La Central Única de los Trabajadores (CUT), en tanto, desconoció también al gobierno de Temer, al cual condenó como ilegítimo por irrespetar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos brasileños, quienes en el 2014 eligieron a la presidenta Dilma Rousseff con más de 54 millones de votos.

No aceptaremos que la clase trabajadora y los sectores más pobres de la población sean gravados con más sacrificios, señaló la CUT, y aseguró que lucharon hasta ahora contra el golpe y continuarán haciéndolo para reconducir al país al Estado de Derecho, al régimen democrático y a la necesaria reforma de las instituciones políticas.

Por su parte, el Movimiento de los Tra­ba­jadores Rurales sin Tierra (MST) recordó que el Vice usurpador (en alusión a Temer) pretende aplicar un programa recesivo, neoliberal, que trae al pueblo brasileño tristes recuerdos de los tiempos cuando gobernaron Fernado Collor de Mello y Fernando Henrique Car­doso.

El “Puente para la recesión” solo llevará a acentuar la crisis social y económica y ampliará la inestabilidad política del país, apuntó el MST, y observó que el nuevo gobierno “tampoco representa una ruptura con los métodos corruptos que todos denunciamos en las calles”.

Las manifestaciones de apoyo al pueblo brasileño y a Dilma Rousseff continuaron llegando desde diversas partes del mundo.

“Hermana Presidenta @dilmabr sentimos la misma indignación que usted y su pueblo frente al golpe congresal y judicial”, escribió el presidente de Bolivia, Evo Morales en su cuenta en la red social Twitter.

Un comunicado del Gobierno boliviano señala que el proceso de destitución presidencial contra Dilma, en base a una farsa jurídica y política, pretende desestabilizar la democracia y desconocer la voluntad de los pueblos expresada en el voto popular.

El Partido Comunista de Francia (PCF) calificó de golpe de Estado el proceso contra Rousseff y expresó “su más profunda preocupación tras el voto indigno del Senado brasileño que, sin aportar ninguna prueba válida para sustentar sus alegaciones”, admitió que Dilma sea sometida a dicho proceso.