Senado, eje de debates sobre impeachment

BRASILIA.—Con una dura condena al golpismo sesionó este miércoles el Senado Fe­deral brasileño en el cual se expusieron los criterios so­bre la admisibilidad o no de un pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

Los golpistas están utilizando todos los artificios posibles para cubrir con un manto de le­galidad lo que es un golpe de Estado en curso, manifestó la legisladora del Partido de los Tra­bajadores (PT) Fátima Bezerra, quien fue la vigésimosegunda de 68 parlamentarios inscriptos para hacer uso de la palabra.

Bezerra subrayó que el pedido de impeachment es solo una fantasía con la cual se pretende ocultar las intenciones de usurpar el poder por parte del proyecto político (del Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB) derrotado en las elecciones presidenciales del 2014.

Como antes en la Cámara de Diputados, el Senado está transformándose hoy en un tribunal de excepción, apreció la senadora petista, quien insistió en que la jefa de Estado no co­me­tió ningún crimen de responsabilidad co­mo para apartarla de su cargo.

Alertó que como consecuencia de este proceso destituyente las conquistas sociales al­can­zadas en los últimos 13 años están en gra­ve riesgo, y subrayó que “saldremos de este jue­go de cartas marcadas con la cabeza erguida y dispuestos a continuar luchando”.

De 42 senadores que intervinieron hasta el cierre de esta edición, 32 se pronunciaron a favor de la apertura de un juicio político a la mandataria, nueve en contra, y un indeciso.

PL reportó que en el transcurso de la se­sión el ministro del Supremo Tribunal Fe­de­ral, Teori Zavascki, negó el recurso presentado el martes por la Abogacía General de la Unión para anular el proceso de im­peach­ment, alegando que el extitular de la Cámara Baja Eduardo Cunha admitió la de­nuncia por venganza y con supuesto desvío de poder.

La decisión de Zavascki expresa que Cunha mantuvo una sistemática oposición al proyecto político del Palacio de Planalto, ejerciendo presión contra los intereses del Go­bierno en diferentes frentes, por lo cual es difícil identificar de forma jurídicamente incontestable que maculó, de modo evidente, el pro­ceso en curso.

Afirmó, además, que como la admisión o no del impeachment es responsabilidad del Congreso Nacional, no existe base constitucional para que el Poder Judicial pueda interferir sobre la decisión de los parlamentarios relativa a la condena o absolución de la Pre­sidenta.

Telesur informó por su parte que la Policía de Brasil reprimió la noche de este miércoles a los partidarios del Gobierno de Dilma Rousseff frente a las instalaciones del Senado.

Desde tempranas horas de la tarde los partidarios del Gobierno se movilizaron contra el golpe de Estado que busca aplicar la derecha contra Rousseff sin argumentos.

Asimismo, un centenar de periodistas de todo el mundo reportaron el momento trascendental para el futuro político del país.

Desde que salió a la luz pública el caso de corrupción en Petrobras, la oposición brasileña pretende vincular a la presidenta Dil­ma Rousseff y a los miembros del  PT para im­pedir que se mantengan al frente del Go­bierno.

La acusación central de la oposición contra Rousseff para justificar un juicio político es la supuesta violación de normas fiscales al ma­quillar el déficit presupuestario del 2015. Sin embargo, no se han presentado pruebas contra la mandataria brasileña, quien ha reiterado su inocencia.

La Cámara de Representantes brasileña tie­ne a 273 de sus 513 diputados implicados en causas judiciales, según datos de la organización Transparência Brasil.

Hay cargos por corrupción, pero también por extorsión y tortura o por portar armas de fuego. En el Senado, el 60 % de los 81 miembros tiene causas pendientes con la justicia, sobre todo por delitos electorales y corrupción, según la plataforma Atlas Político, citada por El País.

El líder de la comisión especial del Senado que estudia el impeachment, Antonio Anas­tasia, del Partido de la Social Democracia Bra­sileña (PSDB), enfrenta acusaciones de cometer el mismo tipo de irregularidad atribuido a la presidenta.

De acuerdo con el periódico O Estado de São Paulo, cuando gobernaba el Estado de Minas Gerais, hizo maniobras para cuadrar sus presupuestos sin el apoyo del Legislativo. Anastasia ha respondido, simplemente, que “ningún ciudadano pidió el im­peach­ment” durante su Gobierno.