Si bien el pasado 16 de enero Estados Unidos y la Unión Europea suspendieron oficialmente sus sanciones contra Irán, autoridades persas señalan una serie de problemas y atrasos que aún impactan en la economía del país.
El canciller iraní Javad Zarif y el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, anunciaron recientemente que se reunirán para discutir estos temas, en especial el acceso a los mercados internacionales por parte de Teherán.
El mandatario iraní, Hassan Rohani, advirtió a los Estados Unidos que habrá una “reacción seria” si la administración de Barack Obama no cumple las promesas levantar totalmente las sanciones.
Las dificultades, según Teherán, provienen de Washington y se observan principalmente en la esfera financiera. En ese sentido, pidieron el descongelamiento de activos valorados en miles de millones de dólares.
“Debemos monitorear, vigilar y verificar el comportamiento del otro lado. Si vemos cualquier retraso o un mínimo de incumplimiento del lado estadounidense, ellos conocerán que nuestras reacciones serán extremadamente serias y firmes”, explicó Rohani.
Por otro lado, la administración norteamericana negó que estos reclamos hayan sido producto de aspectos incumplidos del compromiso que dio lugar al Acuerdo Nuclear.
“Se han tratado diferentes cuestiones relacionadas con la aplicación del compromiso de Estados Unidos y la eliminación de obstáculos a Irán para que pueda hacer pleno uso de las ventajas del acuerdo”, fue la respuesta de la Casa Blanca, que tildó de infundados los reclamos iraníes.
ROBO INTERNACIONAL: FALLO DE CORTES DE EE.UU.
A pesar de que Irán ha negado en reiteradas ocasiones su implicación en los atentados con explosivos de 1983 en la capital libanesa, Beirut, el Sistema de Justicia estadounidense determinó que las víctimas y sus familiares de ese crimen sean compensadas con parte del dinero persa que se encuentra congelado en bancos norteamericanos.
El Tribunal Supremo dictaminó que el Congreso actuó dentro de sus competencias al aprobar una ley en el 2012, que otorgó a las víctimas el derecho de ser compensadas con fondos del Banco Central de Irán.
En aquel momento el Banco Central iraní logró evadir las órdenes judiciales, señalando que el Congreso de EE.UU. estaba inmiscuyéndose en las competencias de los órganos judiciales. Sin embargo, en las condiciones actuales, la nación está casi obligada a aportar aproximadamente 2 000 millones de dólares.
Más de 1 300 personas se encuentran entre los familiares de las víctimas de los cuarteles de los marines en Beirut, las del bombardeo de 1996 de las Torres Khobar en Arabia Saudita y otros atentados que EE.UU. imputa a Teherán.
Además, Irán calificó de “absurdo” e “indignante” otro fallo de un tribunal de Nueva York, que los obliga a pagar 10 millones 500 000 dólares en indemnizaciones por los atentados del 11 de septiembre del 2001.
El director para las Américas en el ministerio de Relaciones Exteriores persa, Keshavarz Zadeh, consideró carente de fundamento y contrario a prácticas aceptadas del derecho internacional la acusación de que Teherán estuvo involucrado en los ataques terroristas del 11 de septiembre, sin aportar ninguna evidencia.
Entretanto, la nación persa aún debe prescindir de dos tercios de sus centrífugas instaladas y deshacerse del 98 % de su depósito de uranio. Asimismo, moderniza su reactor de agua pesada de Arak de tal forma que no pueda producir el plutonio que se utiliza en la fabricación de armas nucleares, limitándolo a la producción de radioisótopos para fines médicos e industriales.
Tampoco puede enriquecer uranio por encima del 3,67 % durante 15 años y debe vender diez toneladas de sus reservas de uranio enriquecido al 5 % a Rusia a cambio de recibir uranio natural o rebajar su pureza y paralizar su investigación en centrifugadoras avanzadas.
Dado que Teherán cumplió su parte del acuerdo, exige el levantamiento definitivo de las sanciones occidentales que claramente asfixian su economía. Durante los últimos años, más allá de las limitaciones a la adquisición de tecnologías nucleares, recibió otras sanciones de carácter económico y financiero en sectores claves como la energía y el transporte, en adición a una lista de personas y entidades a las que se le han congelado sus bienes.
Una nueva cuenta regresiva está en marcha y su desenlace puede poner en entredicho el histórico acuerdo alcanzado hace apenas unos meses.
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