Brasil se adentra en una semana crucial para su futuro político. A más de un mes de las convulsiones políticas y judiciales en ese gigante sudamericano.
El lunes 11 de abril una mayoría de la comisión especial parlamentaria de 65 miembros aprobó inicio de un juicio político (impeachment) contra la presidenta Dilma Rousseff.
Esa decisión contra la mandataria debe ser debatida y sancionada o no por plenario de la Cámara de Diputados de Brasil, instancia facultada para autorizar la instauración del proceso.
Su predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, también es investigado y con ello pretenden desprestigiar su imagen ante una eventual candidatura suya a las presidenciales del 2018.
El pedido de impeachment se basa en presuntas manipulaciones de las cuentas públicas hechas por Rousseff. La justicia electoral también investiga si la campaña por la reelección en el 2014 recibió dinero sucio de la empresa estatal Petrobras. Hasta el momento, ninguno de esos elementos ha sido probado.
Dos figuras del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) tienen un rol preponderante en la actual crisis política. Una de ellas es el vicepresidente del país, Michel Temer, quien desde diciembre del año pasado ya había hecho públicas sus “molestias” con el Gobierno petista.
El otro personaje es Eduardo Cunha, líder de la Cámara de Diputados del Congreso, investigado por su implicación en el esquema de corrupción de la empresa estatal Petrobras y enemigo declarado del Ejecutivo.
Se suman así a las presiones para acelerar ese proceso iniciado en diciembre pasado por Cunha.
Si 342 diputados aprueban continuar el impeachment pasaría entonces para su discusión en el Senado que, a su vez, tiene un plazo de 180 días para analizar la propuesta. Una eventual condena se haría efectiva si un mínimo de 54 senadores votara a favor y la presidenta sería removida de su cargo. La Constitución brasileña estipula, además, que en ese lapso ocuparía la jefatura de Estado el actual vicepresidente, Michel Temer, del PMDB; y en caso de hallar culpable a Rousseff, este terminaría el mandato constitucional hasta el 2018.
POSIBLES ESCENARIOS
Si Rousseff es investigada, Temer también está bajo la lupa por ser su compañero de fórmula presidencial. Ello implica que si el Tribunal Supremo Electoral los impugna, él no podrá asumir la presidencia en caso de un impeachment contra Dilma. En ese caso, asumiría las riendas del Palacio de Planalto (sede de la presidencia), Eduardo Cunha, líder de la Cámara de Diputados.
Si esa impugnación ocurriese en la primera mitad del mandato (a fines de este año), el líder del Legislativo convocaría nuevas elecciones en un plazo de 90 días.
De ser juzgada en la segunda mitad del mandato, tendrían lugar elecciones indirectas, o sea, los diputados y senadores señalarían un sucesor.
El otro escenario es que Rousseff y Temer renuncien, pero esto es muy poco probable que pase.
La opción de que los ciudadanos decidan en un referendo si quieren apartar o no a Rousseff y Temer también forma parte de los escenarios. Hay congresistas que quieren proponer el uso de esta figura legal, que se diferencia del impeachment en que los políticos pueden ser suspendidos en caso de “ineficiencia” o “desaprobación popular”.
DEFENSA DE ROUSSEFF
El abogado general del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, aseguró que el juicio político contra Rousseff es “nulo e ilegal”
A su juicio refleja una situación “jurídica absolutamente fantasiosa, irreal e inconsistente” contra el gobierno.
El abogado general insistió en que el proceso está “viciado” por diversas ilegalidades y también por situaciones que, a su juicio, pudieran perjudicar el ejercicio a la “legítima defensa” de Rousseff.
El abogado general insistió en que si el proceso continúa de esa manera supondrá un “golpe de Estado”, pues carece de los requisitos legales mínimos, como la indudable comprobación de un “delito de responsabilidad”.
También anunció que, si el gobierno percibe que el juicio a la mandataria es irreversible, apelará a la Corte Suprema, sobre la que dijo que “sin ninguna duda aceptará” sus alegatos.
Sin embargo, explicó que por ahora el gobierno apuesta sus fichas al plenario de la Cámara de Diputados, que deberá votar el informe de la comisión.
También sostuvo que, “una vez superada esta cuestión, el gobierno deberá dialogar con todos los sectores para superar esta crisis y hacer que Brasil retome su curso normal.
JUICIO POLÍTICO A VICEPRESIDENTE
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ordenó el 5 de abril la apertura de un juicio político contra Temer, ya que habría autorizado créditos extraordinarios gubernamentales sin el apoyo del Parlamento.
La decisión está fundamentada legalmente en el mismo tipo de irregularidad que habría cometido la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y por la que ya hay un proceso de “impeachment” (juicio político) en su contra.
El magistrado Marco Aurélio Mello dictó de forma cautelar que se desarchive la denuncia, desestimada en diciembre pasado por el presidente de la Cámara BajaEduardo Cunha, para abrir un proceso contra Temer, número dos de la escala de poder en Brasil.
Cunha -enemigo político de Rousseff y aliado y compañero de partido de Temer- archivó el pedido de impeachment contra el vicepresidente presentado por el abogado Mariel Márley Marra alegando que no había fundamentos para ello.
Sin embargo, el juez del Supremo ordenó desarchivar la petición e instalar inmediatamente una comisión parlamentaria para analizarla.
La petición de juicio contra Temer se basa en que el vicepresidente cometió un crimen de responsabilidad cuando, al asumir la Presidencia de forma interina, firmó cuatro decretos para autorizar créditos extraordinarios gubernamentales sin el apoyo del Parlamento.
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anibal garcia dijo:
1
16 de abril de 2016
09:05:39
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