ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

PRETORIA.—Al cumplirse este viernes 20 años del inicio de las au­diencias públicas de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, expertos consideran que todavía queda mu­­cho trabajo por hacer en Su­dá­frica.

De acuerdo con los Archivos His­tóricos Sudafricanos (SAHA), hay violaciones cometidas durante la épo­­ca del apartheid que siguen sin resolverse, informó Prensa Latina.

SAHA presentó documentos de la corte en busca de una orden final que obligue al Banco de Reserva de Sudáfrica permitir el acceso a los re­gistros de la etapa del régimen segregacionista para investigar sobre el fraude financiero.

La entidad, en consulta con el Pro­yecto Open Secrets, interpuso la solicitud en virtud de la Promoción del Acceso a la Información.
Citado por el canal SABC, el analista político Waheed Patel opina que uno de los mayores fracasos de la Co­misión ha sido su incapacidad pa­ra hacer frente a los delitos econó­micos.

Dijo que los crímenes incluyen el presunto saqueo de los recursos del Estado durante la época del apartheid.

A propósito del aniversario, también vuelven al centro de atención procesos abiertos durante décadas, como el caso de Nokuthula Si­mela­ne, quien fue secuestrada, torturada y desaparecida en 1983 bajo la vigilancia de los miembros de la Sección de Seguridad de la antigua Policía de Sudáfrica.

La joven de 23 años era graduada de la universidad y fungió como correo de Umkhonto we Sizwe, el bra­zo armado del Congreso Na­cio­nal Africano, recordó el reporte de la televisora.

La Comisión para la Verdad y la Reconciliación fue un organismo oficial creado por el gobierno de Su­dá­frica en un intento por alcanzar la justicia restaurativa después del fin del régimen del apartheid.

Aquellas personas identificadas como víctimas de graves vio­laciones a los derechos humanos eran invitadas a prestar declaración sobre sus ex­periencias.

Muchas ofrecieron sus relatos en audiencias pú­blicas.

Incluso, los autores de los hechos violentos podían también confesar sus crímenes, y eran sus propias víctimas las que decidían si concederles el perdón.

La Comisión se fundamentó en la Ley para la Promoción de la Unidad Nacional y la Reconciliación, sancionada en 1995, y la encabezó el arzobispo Desmond Tutu.

Algunos detractores consideran que proporcionó impunidad a criminales confesos, mientras que los de­fensores argumentan que permitió el esclarecimiento de delitos que hu­bieran quedado en la oscuridad de otro modo.

Este proceso de reconciliación y búsqueda de la verdad, relacionado con el concepto tradicional que los sudafricanos llaman Ubuntu, facilitó la transición política del país, consideran observadores.

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