Temer al banquillo de los acusados

BRASILIA.—El magistrado Mar­co Aurelio Mello, de la Corte Su­prema de Brasil, ordenó que la Cá­mara de Diputados abra los trámites para un juicio político contra el vicepresidente Michel Temer, similar al proceso en curso contra la mandataria Dilma Rousseff.

El pedido contra Temer fue presentado por un abogado y rechazado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, pe­ro el denunciante apeló al Supremo y obtuvo el apoyo del magistrado Mello, quien alegó que la acusación es similar a la que llevó a iniciar el proceso contra Rousseff.

El autor de la acción, Mariel Már­ley Marra, sostuvo en su denuncia que el vicepresidente habría incurrido en el “delito de responsabilidad”  al firmar algunos de los decretos que facilitaron unas maniobras contables para ma­quillar los resultados del Go­bierno en los últimos dos años; de ello también se pretende acusar a Rou­sseff.

Cunha, que en diciembre pasado aceptó iniciar el trámite para un juicio político contra Rousseff, se negó sin embargo, en la misma época, a aceptar las acusaciones contra Te­mer, según dejó sentado el magistrado Mello en su decisión.

El juez explicó que su sentencia “no emite juicios en relación con la conducta del vicepresidente de la República”, pero consideró que Cun­ha, al rechazar una demanda y aceptar otra, “no atendió la debida formalidad legal”.

Mello también determinó que se instale una comisión especial en la Cámara de Diputados, bajo el mis­mo molde de la que ya fue designada para analizar las acusaciones con­tra Rousseff, pero centrada en el ca­so del vicepresidente.

Temer, primero en la línea de su­cesión y quien asumiría el poder en caso de que Rousseff sea destituida, tiene las relaciones con la man­da­taria completamente congeladas, so­bre todo después de que el Par­tido del Movimiento Demo­crático Bra­si­leño (PMDB), que él preside, anun­ciara la semana pasada su rup­tura con el Gobierno.

No obstante, este martes mismo, antes de conocerse la decisión del juez del Supremo, Temer anunció que decidió tomarse una “licencia” de la presidencia del PMDB. Ahora quedará en manos del senador Ro­mero Jucá, quien se ha posicionado abiertamente a favor de la destitución de Rousseff.

Por otra parte, el abogado general del estado brasileño, José Eduardo Cardozo, destacó que cualquier in­tento de separar a la mandataria del Ejecutivo debe ser considerado co­mo un golpe de Estado que sembrará la “inestabilidad” dentro del gigante sudamericano.

De acuerdo con los argumentos presentados ante la comisión parlamentaria que lleva el caso, el juicio político contra la jefa de Estado solo debe proceder en caso de “delito de responsabilidad”; hecho que no co­rresponde con las acusaciones contra Rousseff.

“Un delito de responsabilidad so­lo es considerado cuando hay un atentado contra la Constitución, no la simple violación de una ley, y siempre que sea practicado por el propio mandatario y que además sea doloso”, expresó Cardozo ante la comisión.

En ese sentido señaló que las operaciones financieras de la mandataria fueron hechas “dentro del marco legal, por lo que no hubo na­da ilícito ni tampoco mala fe”.

Negó en ese sentido que existan “causas jurídicas” para un juicio político.

Tras escuchar los argumentos pre­sentados por la defensa, la co­misión elaborará un informe y vo­tará el caso dentro de una semana, lo que podría archivar la causa o enviarla al pleno de los Diputados para su deliberación.

Una vez allí, una mayoría calificada de 342 votos (de 513 miembros) de­berá respaldarlo para que el proceso pueda continuar, lo que permitiría al Senado, a través de mayoría simple, decidir el curso del juicio político.

De ser aceptadas las acusaciones contra Rousseff, la presidenta sería separarada del cargo durante un lapso de 180 días, mientras la Cá­mara Alta concluye el proceso.