España aún no encuentra soluciones

España vive un escenario inédito: a más de dos meses de los comicios generales —20 de diciembre—, aún no tiene un Ejecutivo para los próximos cuatro años, y se maneja una posible convocatoria a nuevas elecciones.

Las coaliciones políticas, cada cual con sus objetivos y programas, no logran pactar para elegir al sucesor de Mariano Rajoy (Partido Popular), ni establecer un Gobierno. Las ne­gociaciones y debates fallidos que han tenido lugar entre las formaciones políticas solo han diluido los votos de los ibéricos que ahora se encuentran bajo un Gobierno interino.

En esta situación, los grupos parlamentarios tienen hasta el 2 de mayo para tratar de alcanzar acuerdos que garanticen al menos una mayoría simple, apunta la Constitución. De no lograrse, se disolverían automáticamente las Cortes Generales (Parlamento español, compuesto de dos Cámaras: Congreso de los Diputados y Senado) y luego se convocaría a nuevos comicios a efectuarse el 26 de junio. Según las encuestas, estos no proporcionarían una realidad muy distinta a la surgida en diciembre.

¿Cómo llegó la nación ibérica a esta situación? En las elecciones generales, el PP ganó pero no alcanzó la mayoría parlamentaria. Consiguió 123 escaños de los 176 establecidos como mayoría absoluta para garantizar la reelección de su presidente. Ante ello, se vio obligado a entrar en negociaciones con otras organizaciones para formar un Gobierno de coalición.

Pero, tras varias reuniones y desencuentros entre los líderes, ni el PP ni el presidente en funciones contaron con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con 90 asientos en el Congreso, ni Podemos, la tercera fuerza parlamentaria con 65, ni Ciu­da­danos (C’s) cuarto en escaños con 40. Por lo tanto, el jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, no obtuvo el apoyo necesario para garantizar un nuevo mandato de cuatro años.

Ante este escenario, el rey Felipe VI delegó el pasado 2 de febrero al líder de los socialistas, Pedro Sánchez, la misión de conformar Go­bierno. Para ello, Sánchez se lanzó a proponer un Gobierno a las agrupaciones emergentes: C’s  y Podemos, liderada por Pablo Iglesias. Sin embargo, ambas descartaron esa posibilidad ante la contradicción de sus proyectos en te­mas económico y social.

Finalmente, los socialistas no convencieron a la agrupación de Iglesias con la cual ha­bían establecido contactos, y firmaron un pacto con C’s (centroderecha), rechazado por bue­na parte de las fuerzas decisivas re­pre­sentadas en el poder legislativo. Po­de­mos rompió el diálogo después de darse a conocer el acuerdo PSOE-Ciu­dadanos, mien­tras el PP lo rechazó.

Con este pacto, Sánchez se sometió a la con­fianza de los diputados en dos oportunidades. Sin embargo, las posturas incompatibles en­tre las principales fuerzas políticas de la nación europea alejaron la conformación del gobierno.

Bajo los pronósticos de fallo, el dirigente del PSOE no consiguió la mayoría absoluta que necesitaba (176 de 350 escaños), ni tampoco la simple 48 horas después. La fracasada sesión de investidura se convirtió en la primera de la democracia española.

Según medios de prensa, el obstáculo más serio fue el pacto suscrito por Sánchez con C’s para establecer una administración definida como “reformista y de progreso”, dispuesta a instrumentar cambios constitucionales no apoyados por varios de los partidos representados en las Cortes Generales. Además,  abogaba por la unidad del país frente a las tendencias independentistas regionales.

Días más tarde, el secretario general del PSOE acordó mantener su trato con Albert Rivera, secretario general de C’s, e incorporar a la formación de centroderecha a las conversaciones con otras fuerzas políticas. En cambio, Iglesias instó a Sánchez a elegir entre pactar un ejecutivo progresista con Podemos, Izquierda Unida (IU) y Compromís (coalición de izquierda) o seguir apostando por la alianza con C’s.

En esta línea, Rajoy resucitó su oferta de gran coalición con el PSOE y C’s, y anunció su intención de ofrecerle a Sánchez encabezar un gobierno.

Por su parte, el rey Felipe VI dejó en manos de los partidos políticos la decisión de negociar la conformación del gobierno español, antes de convocarlos a una nueva ronda de consultas, informó Reuters.

La Constitución establece que si el candidato propuesto a la presidencia del Gobierno no obtiene la confianza del Congreso en se­gunda votación por mayoría simple, como sucedió con Sánchez, se tramitarán sucesivas propuestas por el mismo método.

Por lo tanto, el monarca será el encargado de designar a otro aspirante al Palacio de la Moncloa, sede del poder central, tras mantener una ronda de consultas con las agrupaciones representadas en la Cámara baja. El plazo a la presentación sucesiva de propuestas de candidatos son los dos meses para intentar formar gobierno a partir de la primera votación de investidura, el 2 de marzo.

En estos momentos, los partidos han definido sus estrategias hasta junio y se avizoran más negociaciones intensas, tal como ha sucedido desde el 20 de diciembre, con el complemento de que podrían celebrarse nuevas elecciones.

A estas circunstancias, se les suma además, que al prolongarse el vacío de poder en España, se abre la posibilidad para que la derecha, a pesar de su desgaste en el ejercicio del poder, reavive sus aspiraciones de ser convocada por la monarquía para pretender prolongarse por más tiempo al frente de la administración nacional.