La arrogancia y el látigo correctivo de la ley

CARACAS.— Más de un mes ha pasado desde los sufragios que dieron mayoría parlamentaria a la derecha venezolana, y tal parece que ahora, a punta de correctivos legales, es que va despertando de la turbación eufórica tras el resultado comicial.

Los críticos más tenaces de las facciones burguesas han llamado al periodo “borrachera electoral”, en una libre asociación metafórica que arrima los desaciertos iniciales de la bancada opositora, al concierto de empresarios millonarios que celebraron con champán y platos caros el dominio actual del he­miciclo.

Lo dicen, sobre todo, por la bravuconería con que se anunciaron y asumieron sus cargos, en actitud comparable a la guapería de quien sale de la fiesta pasadito de copas, profiriendo insultos, arrollando al paso, inflado en su fantasiosa omnipotencia… aunque penosamente despistado.

Los desafueros han sido demasiados para tan pocos días desde la instalación —el 5 de enero—; empezando por la violación del re­glamento interno en la propia jornada inaugural, pasando por el gravísimo acto de juramentar diputados temporalmente invalidados por el máximo ente de justicia, hasta llegar a la increíble postura política de provocar y enardecer el sentimiento patrio de las masas, con la ofensiva expulsión del Capitolio de los cuadros de Chávez y Bolívar.

En la peor de las asociaciones, 109 criterios es un número grande para aspirar a un acuerdo unánime en la comisión de acciones tan flagrantes, por lo cual, aún con las ínfulas de quien desde el Legislativo se cree poder absoluto —en una nación con otras cuatro estructuras paralelas (ejecutivo, judicial, electoral y ciudadano)— la coalición parlamentaria de derecha abrió esta semana vociferando un coro menos enardecido.

Ya se esperaba el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la incorporación ilegal de los tres representantes del estado Amazonas, impugnados por presuntas irregularidades en las elecciones.

Pero llegó la sentencia con fuerza de ley, calificando sin ambages el desacato de la junta directiva, ordenando la desincorporación in­mediata de los juramentados, y en tanto no se cumpliera, anulando toda actividad legislativa del Parlamento.

La decisión, comunicada el lunes en la noche, sacudió a unos cuantos empresarios con curules, que asustados, no acudieron siquiera a la sesión del día posterior.

Dejaron sus sillas vacías y el quórum insuficiente, pues como quien despierta de una resaca larga, advirtieron la tremenda implicación legal que sería desconocer una orden de la máxima entidad de la justicia, y a su vez, ser cómplices en la defensa de cargos que, según  pruebas salidas a la luz el propio martes, resultaron electos al calor de un fraude colosal.

¿Conclusión? Al día siguiente, en la sesión pospuesta, debió encarrilarse el desacuerdo entre las fracciones de derecha, que bajo los ojos de la nación y los dictados de una Constitución muy clara, tuvieron que declinar el mentón y decir:

“acatamos”, en la propia voz del más escandaloso de sus representantes, el presidente Henry Ramos Allup.

Claro que antes quisieron enmascarar el fiasco, aduciendo una carta de renuncia vo­luntaria emitida por los tres nombramientos indígenas; pero el bando chavista exigió apego cabal a la sentencia y los obligó a decir, con palabras puntuales, su reconocimiento expreso a la imposición judicial.

Con la consumación de este acto, la bancada revolucionaria, a pesar de ser minoría, se consolidó como látigo y punta de lanza sobre el lomo del tren burgués, y dejó claro que no descuidará un ápice la vigilancia sobre el respeto al hilo constitucional.

Desde el propio momento de la impugnación, saltaron los criterios más allá de las fronteras. Quedarse callado y saber esperar habrían sido sus mejores virtudes, sin embargo, hasta hoy no fueron más que sus peores enemigos; pues si antes de la elección parlamentaria cantaron fraude adelantado y la realidad posterior lo desmintió; ahora se lanzan en defensa de unos diputados de derecha, cuya anulación se encargaron de confirmar sus socios al mando de la Asamblea.

Ayer algunos volvieron con sus descolocados enfoques, pidiendo prestar oído a las voces que desde el extranjero claman respeto a los derechos humanos de los “presos políticos”. Bien sabemos de qué prisioneros hablan, de aquellos inculpados por el “delito insignificante” de promover y ejecutar los actos “guarimberos” que causaron muerte a 43 venezolanos entre el 2013 y el 2014.

¡Sonada casualidad! Sus pareceres llegaban justo cuando en la sesión parlamentaria de este jueves, el primer punto en discusión trataba, mañosamente, la exhortación al cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales sobre derechos humanos en Venezuela. Cualquier semejanza a un contubernio, no es pura coincidencia.

También se conocen cuáles son las intenciones finales de la facción oligarca, quiénes son “las víctimas” que interesan, y las bases que intentan crear para lanzar la propuesta anunciada de una Ley de Amnistía; un enroque artificial que lacera el sistema judicial y ofende, particularmente, al reconocido Comité de (las verdaderas) Víctimas de las Guarimbas.

Mientras tanto, la hipocresía sigue siendo la bandera del discurso mediático que enarbolan los burgueses, sello de la desvergüenza con que suben al estrado a hablar “en beneficio del pueblo que nos eligió”.

Han sido ya diez días de navegar a la deriva entre violaciones reglamentarias, consuelos y favores sectarios; pero aún sobre la mesa no apareció la primera fórmula que anuncie una respuesta al compromiso electorero de acabar, por ejemplo, con las colas, la especulación y la escasez de los productos básicos que ellos mismos le usurparon al pueblo.

No lo han hecho porque no las tienen, y cuando deciden alardear de populistas, echan mano descaradamente a icónicos estandartes de la Revolución Bolivariana, como las pensiones otorgadas a personas de la tercera edad o la mismísima Gran Misión Vivienda Ve­ne­zuela.

Esta última, precisamente, fue el soporte de los pregones engañosos de la coalición de derecha, cuando el diputado Julio Borges —el mismo que la nombró Maqueta en alusión a que era falsa la edificación masiva de hogares— pretende promover ahora una ley para entregar las propiedades de esos inmuebles a sus beneficiarios; desconociendo los mecanismos legales previstos para ese fin, y articulando triquiñuelas que permitan, en un futuro, convertirlas en mercancías posibles del mercado especulativo.

En ese ajedrez político de ataque y contrataque, de injuria capitalista versus defensa so­cial, de asedio neoliberal contra la Re­volución, continuará moviéndose el debate en la Asamblea Nacional.

Allí estará hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro, diciendo su informe anual de Memoria y Cuenta. Hablará al país, por primera vez ante un auditorio que lo aborrece en su mayoría, por lo que significa, por la ideología que predica, por el proyecto de país que heredó de Chávez y empuja firmemente, a contrapelo de las zancadillas poderosas de los mismos empresarios, que arrellanados en sus sillas, lo escucharán.

Será una buena ocasión para la gallardía, para afirmar los principios de una Revolución que juró continuar “a pesar de las tormentas”, para reiterar —a solo un metro del mancillador de retratos— la base chavista y bolivariana de su vocación, y para mirar la cara de adversarios confesos que en pocos días de Asamblea constituida, no han demostrado otra cosa que la sed de revanchismo político, la mezquindad de una clase definida en sus bolsillos, y la capacidad enorme para despreciar todo cuanto signifique beneficio popular.