Gobierno español abre frente constitucional contra secesión catalana

El conflicto por la independencia de Cataluña de España entró de lleno en el plano constitucionalista, con la perspectiva de mayores complicaciones debido al atrincheramiento de posiciones de las fuerzas en pugna.

El Tribunal Constitucional aceptó a trámite un recurso del gobierno español contra la resolución independentista del parlamento de Cataluña, aprobada el pasado día 9 para dar luz verde a la creación de una República Catalana.

El procedimiento implica de for­ma automática la suspensión de la resolución independentista y de to­dos sus efectos por un plazo de cinco meses, periodo con que cuenta el Tribunal Constitucional para dar su dictamen final.

Esta decisión apunta también di­rectamente al presidente en funciones de Cataluña, Artur Mas, la presidenta del parlamento regional Carme Forcadell y funcionarios catalanes, en total 21 personas, que podrán ser sancionados si no cumplen la disposición.

De tal forma, Mas, Forcadell y el resto de las autoridades podrían ser acusados del delito de desobediencia y suspendidos de sus funciones, se­gún una reciente reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional aprobada recientemente.

Tras la presentación del recurso, el presidente del gobierno español, Ma­riano Rajoy, expresó que espera este recurso sea el último paso contra el desafío independentista, pero muy po­cos políticos y observadores consideran se haya llegado al fin del conflicto.

Aunque con reticencia, las autoridades españolas admiten la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite tomar me­didas para suspender de facto la autonomía catalana y tomar control de sus instituciones.

Rajoy afirmó que el recurso no se presentó como respuesta a la decisión de un parlamento sino para evitar la división del país, para lo cual —dijo— cuenta con el respaldo también de representantes políticos y agentes económicos y sociales.

En días recientes el presidente del gobierno se reunió con líderes de las mayores fuerzas políticas para conformar un frente de Estado contra la independencia catalana, lo cual cuenta con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos.

Otros partidos como Podemos e Izquierda Unida (IU) rechazaron incorporarse al frente pues, aunque se manifestaron opuestos a una declaración unilateral de independencia, defienden el derecho de los catalanes a la autodeterminación.

Con matices diferentes, ambas formaciones —como otras de izquierda y centroizquierda— consideran necesario afrontar el tema de forma política y no judicialmente y menos con la fuerza y acusan a Rajoy de inmovilismo debido a su ausencia de propuestas.

Este sector considera que la op­ción separatista ganó fuerza en los recientes años debido a la crisis y un sistema autonómico ya sobrepasado por la vida, ante lo cual proponen una reforma constitucional para la creación de un Estado federal.

Para el candidato presidencial de IU, Alberto Garzón, la salida es crear una mesa de diálogo con todas las fuerzas políticas y analizar la posibilidad de realizar un referendo en Cataluña y abrir un proceso constituyente hacia un modelo de Estado federal.

También el líder de Podemos, Pa­blo Iglesias, apoyó el referendo, criticó al gobierno por recurrir al Tri­bunal Constitucional y abogó por reconocer a Cataluña como una na­ción en una España con un nuevo proyecto de país cuya fuerza sea la diversidad y la plurinacionalidad.