BRASILIA.— La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, rechazó una propuesta de reducir los fondos destinados al programa Bolsa Familia, pues significaría atentar contra 50 millones de personas que hoy viven mejor gracias a esa iniciativa, informó PL.
Bolsa Familia “es el mayor programa de inclusión social del mundo, destinado a los más vulnerables, mantiene a 36 millones de personas fuera de la pobreza extrema”, destacó Rousseff a través de su cuenta en la red social Twitter.
Se trata de un plan que garantiza que 17 millones de niños y adolescentes asistan a las escuelas y ayudó además a reducir en 58 % la mortalidad infantil en Brasil, subrayó.
La mandataria recordó que los resultados positivos de esta iniciativa fueron reconocidos por las Naciones Unidas y el Banco Mundial.
El programa cumplió la víspera 12 años de creado y cuenta con un financiamiento de 28 800 millones de reales (unos 7 400 millones de dólares) para el próximo año.
Brasil enfrenta una crisis económica aupada con los intentos por parte de la oposición política de sacar a la presidenta del Gobierno. La nueva jugada contra el Ejecutivo tuvo lugar este miércoles cuando congresistas de partidos de oposición entregaron al líder de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, un nuevo pedido de juicio político contra Rousseff.
Se trata de la solicitud número 27 que se presenta en este año en ese órgano, pero a diferencia de las anteriores, legisladores de bloques opositores anunciaron que si Cunha la archiva, demandarán que esa decisión sea discutida y votada en una sesión plenaria.
Ese procedimiento fue ya descartado la semana pasada por dos magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), pero el máximo representante de la Cámara baja envió la víspera una apelación e inculpó al Poder Judicial de interferir en asuntos del Legislativo.
En ese reclamo, se pide al STF suspender los mandatos judiciales en su contra que le impiden tramitar propuestas de enjuiciamiento contra la mandataria del país.
El nuevo pedido de enjuiciamiento contra Rousseff fue elaborado por juristas y reúne a varios reclamos así como presuntas pruebas de que el actual gobierno cometió en el transcurso de este año irregularidades en sus cuentas públicas, lo cual permitiría acusar a la gobernante del delito de responsabilidad fiscal.
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