El trámite de la oposición para iniciar un proceso judicial contra la presidenta Dilma Rousseff, anulado ayer, fue visto como el segundo strike dentro de la estrategia montada desde el Congreso para “ponchar” al Gobierno del Partido de los Trabajadores. El primero fue el rechazo de la presentación de las cuentas públicas del 2014, entendido como un paso para realizar un impeachment o juicio político a la presidenta Dilma Rousseff y destituirla del cargo.
El pedido de la oposición fue invalidado por el Supremo Tribunal Federal de Brasil, cuyo magistrado, Teori Zavaski, aceptó la propuesta del legislador petista Wadih Damous de votar con los tres cuartos de la Cámara de Diputados y no con la mayoría simple como propuso el líder de la Cámara baja, Eduardo Cunha.
A Cunha, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) no le salieron las cosas como pensaba y ahora deberá explicar al Tribunal su pedido para enjuiciar a la gobernante. También enfrentará a varios congresistas quienes pidieron su cesantía en la comisión de ética por tener cuentas bancarias en el extranjero.
A este político brasileño de 57 años lo acusan de ocultar depósitos en Suiza y no declararlos al Tribunal de Justicia Electoral cuando presentó su candidatura en el 2014.
En Brasil no es delito tener cuentas en otro país, pero si los legisladores prueban que Cunha mintió podría ser procesado por “improbidad administrativa” y perdería el mandato, según la constitución.
Las evidencias contra Cunha fueron divulgadas en medios locales como el Folha de Sao Paulo, los cuales dicen que mantenía cuatro millones 831 711 dólares y un millón 311 700 francos suizos, que estaban en cuatro cuentas de las cuales dos fueron cerradas por el escándalo de corrupción en la empresa estatal Petrobras.
Una investigación de O Globo estima que el dinero fue desviado de un contrato por 34,5 millones de dólares que Petrobras obtuvo en Benín.
Cunha, una de las caras del golpismo político en Brasil, salió de la coalición del PT cuando un delator lo vinculó con el escándalo de Petrobras.
Por otro lado, la Fiscalía presentó documentos personales (copias de pasaporte, dirección en Río de Janeiro y firmas) los cuales confirman que él era el beneficiario de estas cuentas, bloqueadas por la justicia suiza.
La posibilidad de un juicio político, aunque fue temporalmente contenida, lanzó una alerta a toda la bancada afín al PT y sus aliados ante próximas jugadas contra Rousseff.
El presidente nacional del partido, Rui Falcao, dijo que ni el rechazo del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de las finanzas públicas del gobierno en el 2014, ni la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de reexaminar la contabilidad de la campaña de Rousseff, pueden propiciar un juicio político contra la jefa de Estado.
“Los golpistas están animados. Pero la democracia no es un juego de fútbol y el voto popular no puede ser despreciado solo porque los perdedores no están satisfechos con el resultado de las urnas (en los comicios del 2014)”, señaló Falcao citado por PL.
Brasil no aceptará “un golpe a la paraguaya”, afirmó el dirigente refiriéndose al golpe de Estado parlamentario gestado contra el presidente paraguayo Fernando Lugo en el 2012 y que interrumpió el curso legal en esa nación sudamericana.
Por lo pronto, la presidenta Dilma se reunió el lunes pasado con los principales ministros para evaluar cómo será su respuesta a la situación y formó un equipo de juristas de renombre para enfrentar la intentona golpista.
Su estrategia consiste en recurrir al Supremo Tribunal Federal en caso de que se abra cualquier solicitud de proceso de destitución. El argumento será que, en cualquiera de las hipótesis, la apertura de un impeachment solo podría hacerse con la aprobación de dos tercios de la Cámara.
El escenario político se mueve junto a las dificultades económicas. Varios analistas estiman que lejos de negociar una salida a la crisis que vive el gigante sudamericano, los contrarios a Rousseff se han centrado en debilitar su imagen y la del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y desgastarlas ante otro posible mandato del PT en el 2018.
La crítica desmedida a programas sociales de alto impacto en la población pobre como el Mi Casa, Mi Vida y el Más Médicos, también forma parte de la fórmula opositora.
El plan del Gobierno y de sus aliados ha sido optar por la estabilidad política para así recuperar la economía, un proceso centrado en la reducción de las desigualdades y el acceso de los brasileños a los servicios básicos.
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