¿Qué significa el fallo de La Haya en el diferendo marítimo?

La Corte Internacional de Justica (CIJ) desestimó ayer la objeción de Chile —14 votos en contra y 2 a favor— de que ese tribunal era incompetente para abordar el tema del diferendo marítimo con Bolivia. Para los chilenos la jurisdicción de la CIJ se re­monta al año 1948 y, por tanto, dicha corte no pue­de resolver un litigio sobre un acuerdo firmado en 1904. Desde La Paz, se insiste en que el fallo no cuestiona el tratado en sí, sino que aspira a que su vecino cumpla con varias promesas sobre la concesión de un corredor al Pacífico, como las que establecía el Acuerdo de Charaña de 1975.

En esencia, los magistrados de La Haya votaron para que Bolivia continúe su demanda en cortes internacionales, que fue  interpuesta por el Gobierno boliviano en abril del 2013.

El fallo fue interpretado en La Paz como un paso inicial de re­conocimiento de la CIJ de su derecho a negociar una salida al mar con Chile. El presidente de la nación andina Evo Morales calificó el día de “histórico” e inolvidable para los bolivianos. “El fallo de esta mañana da esperanza a Bolivia”, acotó.
Mientras tanto, su homóloga chilena, Michelle Bachelet, quien siguió la votación desde la sede del Gobierno, comentó: “estamos convencidos de que hicimos lo correcto al presentar esta objeción preliminar”. También reiteró que el pronunciamiento de la Corte “no afecta en nada nuestro territorio; Bolivia no ha ga­nado nada”.

¿Qué significa el fallo de La Haya en el diferendo marítimo? El veredicto de La Haya no ha sido sobre el acceso al mar, pero sí admite la responsabilidad chilena de negociar de buena fe con su vecino esa posibilidad. Expone además, según analistas, la importancia del diálogo para resolver temas pendientes.

Chile puede dejar de acatar los fallos de La Haya si decide sa­lirse del Pacto de Bogotá de 1948 que lo obliga a mediar en las disputas a través de mecanismos como la CIJ. Este limita la competencia de la CIJ para intervenir a partir de ese año.

Ambos países llegan a este momento luego de varios intentos diplomáticos por solucionar un dilema que se re­monta a 1879 cuando Bolivia perdió su salida al Pacífico en la guerra que mantuvo con Chile. Como consecuencia, Chile hizo su­yo el Departamento del Litoral, que actualmente forma par­te de la región chilena de Antofagasta. El Tratado de 1904 estableció la entrega de esta región a Chile a perpetuidad. Bolivia perdió 400 kilómetros de litoral y 120 000 kilómetros cuadrados de territorio. La posición chilena señala que con el acuerdo de paz se establecen las fronteras, incluyendo las marítimas, por lo que no ha lugar a ninguna disputa territorial. Del lado boliviano, se consideró el pacto “injusto e impuesto”. Aunque Bolivia dispone de libre tránsito de personas y mercancías desde 1904, perdió el control del territorio en disputa.

Desde ese momento La Paz intentó, infructuosamente, re­vertir la situación. Luego de años sin resultados concretos, Bolivia decidió acudir a la CIJ el 24 de abril del 2013. Antes de eso, en el 2006 los presidentes Morales y Bachelet, firmaron una agenda de 13 puntos para iniciar las negociaciones sobre la salida marítima.

La respuesta del Ejecutivo boliviano ante el fallo de la CIJ ha sido, como en anteriores ocasiones, invitar a su contraparte al diálogo. El propio Presidente en rueda de prensa en el Palacio de Quemados ayer dijo que “esta injusticia no fue provocada por el pueblo chileno, sino por intereses transnacionales”.

Recordó en ese sentido que la causa boliviana continuará hasta volver al mar con soberanía, “no solo como gobierno, sino como pueblo”.

A su vez, el agente chileno en La Haya, Felipe Bulnes, declaró a la televisión local que el asunto seguirá a nuevos argumentos para determinar si ambos países deben negociar.

Del otro lado, el representante boliviano en la CIJ, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, remarcó el  hecho de que el tribunal haya decidido mantener su competencia es im­por­tante para ambos países, y trascendental pa­ra América Latina y la comunidad internacional.

De esta manera, la posición boliviana es continuar en ese espacio jurisdiccional para resolver de manera pacífica el diferendo. Rodríguez Veltzé insistió además que el objetivo de la demanda boliviana es que la Corte declare la obligación de Chile a negociar el derecho boliviano al océano Pacífico.