Desde hace cuatro meses, Guatemala vive una tensa situación política debido a los presuntos vínculos del presidente Otto Pérez Molina con varios casos de corrupción en su administración, por los cuales está detenida su vice, Roxana Baldetti, a lo que se agrega la renuncia de varios de sus ministros, mientras la celebración de las elecciones generales de este 6 de septiembre pueden ser suspendidas ante la crisis institucional.
Unos 7,5 millones de electores están convocados a las urnas para elegir presidente y vicepresidente, 158 diputados al Congreso Nacional, 338 alcaldes, y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
En ese contexto, los ministros de Salud, Luis Enrique Monterroso; Agricultura, Sebastián Marcucci; Economía, Sergio de la Torre; y Educación, Cynthia del Águila, presentaron sus cartas de renuncia el 22 de agosto. Ese día también dimitieron los comisionados Juan Carlos Paiz y Adela Camacho y los viceministros Claudia del Águila, Sigfrido Lee, María Luisa Flores y Marco Gutiérrez.
Desde el 25 de agosto se suceden nuevas manifestaciones en todos los departamentos guatemaltecos —las que ocurren desde el destape de corrupción en abril último— para exigir la dimisión de Pérez Molina, quien confirmó que se mantendrá en el cargo y cumplirá su mandato, pues, dijo: “no formó parte de las redes de corrupción, ni recibió dinero sucio”.
“Mi conciencia está tranquila, daré la cara, mediante el debido proceso; no he sido parte del dinero mal habido”, afirmó el mandatario en transmisión televisiva hace unos días, mientras las autoridades competentes lo acusan de ser el líder de la red de defraudación aduanera denominada La Línea, con millonarias ganancias para los corruptos.
La Corte Suprema de Justicia aprobó por unanimidad el 25 de agosto el antejuicio solicitado en su contra por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig). Después, será el Congreso Nacional el que integre una Comisión para evaluar el caso.
La Asamblea Social y Popular, convocante de las marchas y a la que pertenecen decenas de organizaciones y movimientos sociales, afirmó que durante esos días también se expresará el apoyo de la población a la labor que realiza el Ministerio Público y la Cigic, que solo en el caso La Línea ya detuvo a 29 personas de las posibles 158 complicadas.
Las llamadas Movilizaciones por la Dignidad Nacional reclaman, además, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que quizás den al traste con la partidocracia tradicional gobernante.
El malestar del pueblo se explica ante el robo y el despilfarro de dinero de dirigentes políticos que parecen olvidar que el 53 % de los guatemaltecos vive por debajo de la línea de pobreza, y hay graves problemas sociales, entre ellos la impunidad política, ignorancia, racismo, machismo, corrupción, y altos índices de violencia.
De una manera casi unánime, personalidades, —como la Premio Nobel Rigoberta Menchú y el Arzobispo Metropolitano Oscar Julio Vian— y numerosas entidades de peso en la vida económica de Guatemala, respaldan la exigencia del pueblo de que el presidente entregue el cargo y sea sometido a investigación antes de que concluya su mandato.
Sin embargo, no puede decirse que haya en Guatemala un liderazgo capaz de presentar un proyecto para la reestructuración política, económica y social de la empobrecida nación centroamericana, por lo que las élites han enrumbado un probable estallido social hacia la lucha contra la corrupción, cuando son profundas las necesidades de cambios radicales.
El descontento, por tanto, recae contra el gobierno de turno y no contra la estructura de la política nacional sin que, previo a las elecciones, haya una petición de algún partido al respecto. Ahora el escándalo estalló durante la administración de Pérez Molina, del Partido Patriota, pero analistas coinciden en que la corrupción y la impunidad reinan en Guatemala desde hace décadas y la élite política forma parte y encubre ese fenómeno.
El jefe de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, y la Fiscal General Thelma Aldana brindaron detalles sobre el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea.
Entre los implicados se encuentra el ahora prófugo ex secretario privado de Balbetti.
En las oficinas de otro implicado, Salvador González, habían seis cheques girados a nombre de Baldetti por un monto de un millón de dólares.
Desde mediados de abril hasta ahora, la Cicig y el Ministerio Público desmantelaron más de una decena de bandas de corrupción y tráfico de influencias, en las cuales están implicados altos funcionarios, diputados, alcaldes y policías, entre otros.
¿Cuál será la salida a la crisis?
Aún se desconocía si el Tribunal Supremo Electoral decidiría la suspensión de las elecciones generales, que ya están marcadas por una evidente apatía de la población.
AL CIERRE:
El presidente Otto Pérez Molina renunció el 3 de septiembre al cargo luego de más de cuatro meses y medio de descartar esa posibilidad a raíz de los reclamos de la población de decenas de manifestaciones pacíficas, anunció la agencia de noticias Prensa Latina.
El portavoz de la Presidencia Jorge Ortega envió en la madrugada del 3 de septiembre una nota a periodistas en la cual confirmó que la carta de renuncia del mandatario ya se encuentra en el Congreso de la República.
Según Ortega, el dignatario se encuentra en su residencia de la zona 15 capitalina. El mandatario dimitente es señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de codirigir junto a la ex vice mandataria Roxana Baldetti La Línea, una red de desvío millonario de dólares en las aduanas. El Ministerio Público de Guatemala solicitó el 2 de septiembre la orden de aprehensión de Pérez Molina, la cual fue autorizada por el juez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez.
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