España reclama justicia por sus desaparecidos

MADRID.—España conmemoró este domingo el Día de las víctimas de las desapariciones forzadas con una agenda pendiente de más de 100 000 personas enterradas en lugares sin identificar, resultado de la represión de la dictadura de Francisco Franco (1936-1975).

Según la ONU, citada por TeleSur, el término de las desapariciones forzadas se refiere al momento en que “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo di­recto o indirecto, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad”.

El cruento periodo desde el golpe de Estado de Franco en 1936 hasta su muerte en 1975 dejó también otra estela de desapariciones sensibles: más de 30 000 niños que fueron apartados de sus padres republicanos y entregados a familias franquistas.

Según diversas investigaciones en ese lapso fueron fusilados de 130 000 a 150 000 españoles, 300 000 fueron exiliados y 270 000 encarcelados, se­ñaló Prensa Latina.

Sin embargo, pese a las dimensiones de la tragedia nadie ha sido condenado por esos crímenes, aunque víctimas y familiares y organizaciones de memoria histórica reclaman justicia.

El único intento de hacer justicia corresponde a una jueza argentina, María Servini, que identificó y reclamó a 17 de los presuntos responsables para someterlos a juicio, pero el pedido fue rechazado por las autoridades españolas.

Organizaciones de familiares y amigos de los represaliados, así co­mo agrupaciones de la memoria histórica identificaron los cadáveres de unos 6 500 de los asesinados, pero el resto permanece en cunetas o lugares sin identificar.

En la mayoría de los casos los trabajos de búsqueda e identificación se realizan sin respaldo oficial, con recursos financieros obtenidos en campañas de recogida de dinero.

En este contexto, organizaciones humanitarias recordaron que Espa­ña sigue sin tipificar de manera ex­presa y autónoma el delito de de­saparición forzada y su condición de crimen internacional, ni ajustar su definición a la Convención Interna­cional, subrayó el diario Público.