Regulaciones fronterizas respetan derechos humanos, afirma vicepresidente

SAN CRISTÓBAL, Táchira, Ve­ne­zuela.—El vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Ve­nezuela, Jorge Arreaza, destacó este miércoles el respeto a los derechos humanos en las acciones de li­mi­ta­ción de paso y las devoluciones de colombianos ilegalmente radicados, tras el cierre fronterizo con la vecina nación cafetera.

“No es un cierre para violar los derechos humanos, sino para restablecerlos y hacer valer la ley”, aseveró desde el puente internacional Simón Bolívar, justo cuando se cumplió una semana de clausura del acceso binacional y el posterior de­creto del Estado de Excepción en seis municipios de Táchira, debido al recrudecimiento en la región del pa­ramilitarismo y el contrabando eco­nómico.

El dirigente gubernamental ilustró la transparencia y carácter humanitario de las acciones de seguridad en la zona, con el ejemplo de los permisos de ingreso concedidos —des­de el primer día de la interrupción— a colombianos bajo tratamientos mé­­­di­cos gratuitos de diálisis y terapias on­cológicas.

Agregó que esperan el completamiento de las listas de obreros legalmente registrados en fábricas y centros venezolanos, a fin de cederles paso.

Arreaza subrayó el impacto notable que las medidas han generado en la estabilidad social de los territorios fronterizos, con evidentes mejoras en el abasto y comercio de alimentos y productos básicos, el ex­pendio de combustible y la seguridad ciudadana.

La acción, señaló, es parte del despliegue de la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo que continuará en estos sitios del oc­cidente venezolano, y mediante la cual se han desmantelado bandas delincuenciales, grupos armados y va­rios centros de prostitución, extorsión, secuestro y esclavitud.

Al término de la jornada de este miércoles, se esperaban los resultados de las conversaciones oficiales que realizaron en Cartagena de In­dias las cancilleres de ambas naciones; cuyos puntos centrales de discusión fueron el contrabando económico (especialmente cambiario, de combustibles y alimentos), el paramilitarismo, la seguridad fronteriza del la­do colombiano, la agresión política contra Venezuela, y la posible concreción de un plan de acuerdos.