BRASILIA.—El agitado escenario político brasileño evidencia hoy un plan de la oposición para aprovechar a fondo la complicada situación económica y los deslices del gobierno, para arrebatar la presidencia a Dilma Rousseff.
Reelecta en los comicios del pasado año, Rousseff navega desde el inicio de su segundo mandato en enero último en un mar de obstáculos económicos y financieros, que propiciaron la adopción de medidas de ajustes fiscales y de ahorro de fondos, las cuales generaron descontento entre la ciudadanía.
Para el senador Aécio Neves, líder de la principal fuerza opositora, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la mandataria corre el riesgo de no concluir su segundo periodo presidencial.
Neves, reelegido como presidente de esa agrupación en el cónclave celebrado el fin de semana último, afirmó que el PSDB está preparado para asumir el gobierno, pues “partidos que hoy apoyan al ejecutivo tienen la sensación de que ella (Rousseff) tendrá dificultades para concluir su mandato”.
A juicio de analistas, la oposición juega detrás del complejo escenario económico y estimula las acciones que contribuyan al desgaste de la administración para apostar al golpe y apartar del poder a la gobernante a través de un juicio político.
Estos inconvenientes se registran en medio del avance de las pesquisas de la justicia del escándalo de corrupción en Petrobras, que involucra a las principales constructoras, partidos políticos, parlamentarios y exgobernadores.
Las revelaciones por medios de prensa de delaciones de implicados en este esquema de desvío de dinero y contratos inflados en la petrolera estatal sobre la participación de miembros del Partido de los Trabajadores (PT), en el gobierno, avivan el clima de insatisfacción popular.
En esta coyuntura, representantes de partidos aliados del gobierno, de grupos sociales, y populares, y gremios, denunciaron en un manifiesto las repetidas tentativas de los opositores y del oligopolio de medios de comunicación de buscar, a través de maniobras ilegales y pretextos, el fin de la legalidad democrática.
Los más de 400 firmantes de ese documento, difundido por Internet, alertan sobre la existencia en el Poder Judicial de sectores interesados en reemplazar el papel de otros dominios, de asumir el rol de la Policía y de irrespetar la Constitución al condenar y encarcelar sin previo proceso legal.
El texto de ese escrito señala que a esa corriente se suman medios de prensa controlados por un selecto grupo de familias, que corrompen y distorsionan la verdad al servicio de sus intereses políticos y empresariales.
Los rubricantes rechazaron igualmente las maniobras del Tribunal de Cuenta de la Unión (TCU) de querer responsabilizar a la gobernante de cometer irregularidades en el 2014 en los pagos a los bancos para los programas sociales, lo cual podría converger en un juicio político.
Se trata de enjuiciar a Rousseff por atrasar desembolsos a las entidades bancarias para que estas entregaran los montos destinados a planes como Brasil sin Miseria y Mi casa Mi vida.
Para la jefa de Estado no existen evidencias, ni pruebas, ni hechos para proponer un juicio político en su contra y demostrará ante el TCU que no hay irregularidades en los manejos financieros.
Los que hicimos constituye una práctica de antaño, realizada en muchas ocasiones por gobiernos anteriores y ninguno fue culpado de violaciones, aseveró en entrevista a un diario nacional.
El gobierno tiene de plazo hasta el 21 próximo para presentar sus explicaciones sobre 13 puntos cuestionados por el TCU, que —según el líder del PT, Rui Falcao— son materias ya aclaradas en otros periodos de gobierno en Brasil.
Sin embargo, advirtió que la oposición golpista intenta inflar este asunto para promover un juicio contra Rousseff e intentar lo que no logra desde el 2003 en las urnas: ocupar la jefatura del Estado. (PL)
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