La polémica Ley de Seguridad Ciudadana, apodada 'ley mordaza', ha entrado en vigor este miércoles en España, con el objetivo de restringir las protestas populares, destaca el canal de noticias Russia Today.
Desde el primer momento, esta medida ha provocado fuertes críticas en parte de la oposición política, que la considera una ley "que mata la democracia y los derechos fundamentales" y busca crear un "Estado policial", informan medios españoles.
En la noche del pasado martes, miles de madrileños recorrieron las calles de la ciudad, denunciando esta iniciativa, que consideran que viola su derecho a expresarse libremente.
Sin embargo, la aprobación de esta ley es un hecho y a partir de hoy, convocar acciones de protesta no autorizadas, incluso en las redes sociales, podrá ser castigado con multas o un año de cárcel.
Esta disposición legal define tres tipos de infracciones según su gravedad. Entre las más graves, que se castigan con multas de 30.000 hasta 600.000 euros, figuran celebraciones de espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas con anterioridad, así como manifestaciones no autorizadas en lugares considerados "críticos", como centrales nucleares o aeropuertos.
También se consideran infracciones graves las protestas frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómico, así como los desórdenes graves en vías públicas y barricadas. Asimismo, se prohíbe divulgar fotografías "o datos personales o profesionales" de la policía en caso de que esto pueda ponerlos a ellos o a su trabajo en peligro, lo que podría impedir que se grabaran e hicieran públicas pruebas de abusos policiales.
Según la portavoz de la Organización No somos delito, Mónica Hidalgo, el objetivo real de la 'ley mordaza' es vaciar las calles de las ciudades españoles, que en últimos años han sido escenario de numerosas manifestaciones multitudinarias debido a los graves problemas económicos que arrastra el país.
Ahora, las "personas tendrán mucho más miedo a salir a las calles y actuar como han hecho hasta ahora", pero a pesar del miedo, y a pesar de las multas -opina- "las personas seguirán ejerciendo el derecho a manifestación y el derecho a libre expresión".













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