ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

BOGOTÁ.—Militares y contratistas estadounidenses están involucrados en un turbio episodio en Colombia por presuntos maltratos a niños y adolescentes, sucesos condenados este miércoles por la De­fensoría del Pueblo y otras voces del escenario nacional.

Según un informe elaborado por la comisión histórica del conflicto armado, entre el 2003 y el 2007 ocurrieron al menos 54 casos de abuso sexual contra menores de edad, actos ejecutados por personal de la nación norteña, reporta PL.

Ese estudio de 809 páginas fue encargado a 12 expertos, seis seleccionados por el Gobierno y otros seis por las Fuerzas Armadas Revo­lu­cionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, acuerdo derivado de los diálogos pacificadores entre las partes beligerantes, que tienen como sede a Cuba.

El Defensor del Pueblo, Jorge Ar­mando Otálora, reclamó el martes in­formación sobre las investigaciones en torno a tales hechos, al tiempo que instó a la Cancillería y al Ministerio de Defensa a indagar con las autoridades de Estados Unidos acerca del estado actual de las averiguaciones para esclarecer lo acontecido.

Estos procesos deben trascender la órbita disciplinaria, ya que de comprobarse ameritan un castigo penal y sanciones administrativas ejemplarizantes, enfatizó el funcionario.

Adicionalmente rechazó la conducta de los extranjeros, que según el dictamen, además de aprovecharse de su condición y de la vulnerabilidad de las víctimas, grabaron videos sobre sus relaciones abusivas.

Existen mecanismos suficientes para garantizar justicia y evitar la impunidad, independientemente de la inmunidad diplomática que asista a los presuntos responsables, in­sistió Otálora en un comunicado.

Los colombianos —dijo— tie­nen derecho a saber cuántos de esos 54 casos mencionados en el reporte fueron investigados y en qué etapa se encuentran tales indagatorias.

Un documental de la televisora Canal Capital reveló algunos detalles de los acontecimientos al mencionar como los principales blancos de dichos delitos a las localidades de Melgar y Girardot, ubicadas en el centro del país y próximas a la base militar de Tolemaida, una de las seis ocupadas en Colombia por militares estadounidenses.

Se trata del segundo escándalo desatado en apenas meses, que “salpica” a uniformados estadounidenses; el primero está relacionado con las fiestas de agentes de la DEA (Administración para el Control de Drogas) con prostitutas en las playas de Cartagena.

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