Sorprendidos. Así quedaron los chilenos ante el anuncio de una nueva Constitución. La presidenta Michelle Bachelet dijo el martes en la noche, en una cadena de televisión nacional, que a partir de septiembre se iniciará un proceso para elaborar una nueva Carta Magna y suplantar así la vigente que data de los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
En el 2005 el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) realizó una reforma constitucional mediante la cual rebajó de seis a cuatro años el periodo legislativo, eliminó el sistema de senadores designados y la inamovilidad de los altos cargos de las Fuerzas Armadas. Pero no se había propuesto ningún otro cambio radical a dicho documento.
“En septiembre daremos inicio al proceso constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”, afirmó Bachelet al tiempo que anunciaba nuevas medidas para combatir la corrupción.
El proceso constituyente y las reformas fiscal y educativa, fueron las grandes promesas sobre las cuales Bachelet versó su segundo mandato.
Cuando el 11 de marzo del 2014 presentó la idea de una nueva Constitución, explicó que el objetivo era lograr la discusión del proyecto “no solamente entre las élites, porque eso sería muy fácil”, sino que exista un proceso “democrático, participativo y legítimo”.
El asunto, acorde con la dirigente socialista, radica en establecer un proceso en el cual la ciudadanía señale sus prioridades. Una nueva Carta Magna incluiría otro sistema electoral y la restitución de la mayoría absoluta para modificar leyes importantes.
El máster chileno en Comunicación Política, Marco Antonio Braghetto, dijo a Granma que “la posibilidad de una Asamblea Constituyente en el mediano plazo aparece como la mejor alternativa para volver a legitimar la actividad política y dar un cauce real a las inquietudes ciudadanas, dando vuelta definitivamente a la página de una Carta Fundamental agotada y de raíz antidemocrática”.
El paso previo al anuncio de la Constituyente fue la aprobación de una nueva ley que dejó atrás el enrevesado y excluyente sistema electoral binominal y dio paso a uno proporcional inclusivo. Tras un cuarto de siglo de espera, se quitó “el cerrojo que distorsionaba la voluntad y la participación de las personas”, en palabras de la primera mujer en gobernar la nación austral.
Dicho sistema electoral era el único que le daba a la minoría el mismo valor que la mayoría y como consecuencia limitó por años la representación política chilena. El proyecto de ley fue aprobado a fines de enero a pesar de la fuerte campaña en su contra liderada por la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.
A partir de ahora el país tendrá 28 distritos y 50 circunscripciones electorales y adoptará como fórmula electoral el método D’Hondt. Este posibilita obtener el número de cargos electos asignados a las candidaturas en proporción a los votos conseguidos. Asimismo, se incorporan normas para fomentar la elección de representantes femeninas en el Congreso. La cantidad de diputados pasará de 120 a 155 y los senadores de 38 a 50.
Al respecto, Braghetto explicó a este diario que “bajo el sistema binominal se elegía a dos representantes por cada distrito o circunscripción. Para que una lista obtuviera los dos escaños debía sumar más de 66 % (algo bastante improbable), pero con apenas un 33 % la segunda lista más votada conseguía la misma representación que la primera. Eso anquilosó la política y consolidó el establishment que dirigió la transición”.
Esa distorsión minó de forma progresiva “la confianza ciudadana en el sistema político, de modo que esta comenzó a sentirse cada vez menos representada”, comentó.
El especialista, y buena parte de la ciudadanía chilena, espera que la legislación “permita revincular a la ciudadanía con la actividad política institucional”, pero, a su juicio, “ello no sucederá si no se corrigen las prácticas de corrupción que pesan sobre el sistema, y si la ciudadanía no percibe que su opinión es realmente tomada en cuenta”.
“Durante largo tiempo, específicamente desde el comienzo de la transición democrática (1990) se intentó reformar dicho mecanismo electoral diseñado durante la dictadura, pues distorsionaba notoriamente la voluntad popular”, comentó.
Las medidas anunciadas le ofrecen una oportunidad a Chile de despojarse de su pasado y romper las ataduras con la etapa dictatorial, abriendo un nuevo periodo, más inclusivo, en la historia del país.
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