Los enemigos de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, tanto los que le exigen desde la izquierda como los de la derecha oligárquica, parecen unidos, por esa paradoja de la política, en destruir la imagen de quien es atacada desde varios flancos para debilitar y hacer zozobrar este nuevo período de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT), iniciado apenas hace cuatro meses.
En los últimos meses el gobierno petista se ha visto sacudido por dos escándalos de corrupción, que si bien no salpican a la Mandataria, son observados con atención por quienes en los últimos 12 años han confiado en un proceso de cambios, como los ocurridos en otros países de América Latina, La corrupción en la empresa petrolera PETROBRAS, -de la cual es responsable el Estado- por miles de millones de dólares, y ahora en la tesorería del PT, empañan –manipulada o no-la imagen de quien hizo la promesa en este, su segundo mandato consecutivo, de acabar con el robo de políticos y empresarios públicos, realizar una reforma constitucional, elevar los niveles de la economía e incluir varios de sus proyectos de carácter inclusivo.
Rousseff en realidad le daría continuidad a los programas sociales, que propició en sus dos mandatos de gobierno el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, el antiguo obrero metalúrgico de Sao Paulo y fundador del PT.
Las misiones populares de la última década sacaron de la pobreza a 48 millones de personas con programas sociales en educación, salud gratuita, construcción de viviendas, y otras, a pesar de las múltiples resoluciones engavetadas en el Congreso Nacional.
Pero en Brasil, con ocho millones de kilómetros cuadrados y más de 200 millones de habitantes (lo que la convierte en un continente dentro de otro), las personas quieren más.
A pesar de los ataques continuos contra la Mandataria, los movimientos sociales (que devienen elemento crítico del gobierno) no permitirán, según sus dirigentes, un retorno a la época neoliberal del gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, donde nunca saltó la corrupción en Petrobrás, porque no permitió que se abriera una investigación.
Las organizaciones a la izquierda cuestionan que, a pesar de que la economía nacional está en momentos de crisis, bien pudiera hacer más el Ejecutivo petista por los millones de pobres que viven en ese país sin que la prometida reforma agraria sea cumplida, a pesar de los miles de kilómetros de terrenos baldíos
Sin embargo, nadie apunta directamente con el dedo a Dilma Rousseff de pertenecer a las llamadas mafias políticas brasileñas vendedoras de cargos y robo del erario público, a costillas de una población que si bien es exigente también conoce que solo ahora ha podido ver una luz al final del túnel.
El prestigio de Dilma es incuestionable. Si a los 19 años permaneció en la cárcel de la dictadura y bajo tortura no delató a sus compañeros, nadie imagine que la batalla por la presidencia será fácil, a pesar de encontrarse en el medio de un huracán que ha fragilizado la gobernabilidad.
Desde hace unas semanas, el gobierno del PT impulsa un paquete de medidas contra la corrupción, el cual prevé convertir en crimen los delitos de sobornos y desvío de dinero público, con el cual la Mandataria cumple uno de los puntos de su última campaña electoral.
Los directivos de PETROBRAS, entre ellos algunas figuras vinculadas al Ejecutivo y su base aliada, movió en términos de lavado de dinero y sobrefacturación unos 10 mil millones de reales (tres mil 850 millones de dólares) en obras y contratos de la petrolera. Dilma aseguró tras el destape del escándalo: “En este país no hay intocables”.
Más de 30 miembros del Senado y la Cámara de Diputados están bajo investigación como presuntos involucrados en el esquema de corrupción de Petrobras, pero la Presidenta –y de ahí lo difícil de que pueda ser impugnada como exige la derecha- no será implicada por falta de evidencias, indicó Toeri Zavascki, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.
El pasado mes, hubo una movilización de millares de personas en 60 ciudades importantes de Brasil orientada por la derecha, que muchos consideran es uno de los resultados de la visita de estado del vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden. Entre las banderas que portaban los manifestantes estaba la norteamericana.
Analista de vasta experiencia, el profesor Theotonio Dos Santos consideró que la presencia de Biden “es siempre una señal para el inicio de movilización de masas apoyadas en las técnicas de la “guerra psicológica”, dirigidas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y, en este caso, apoyadas por sectores del Departamento de Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos).
Hay confirmaciones también de que el Movimiento Brasil Libre –uno de los convocantes a la protesta- recibe ayuda, entre otras fuentes identificadas, de la Atlas Economic Research Foundation de los hermanos Koch, al igual que los “Estudiantes por la Libertad”. La finalidad de estos grupos es tratar de convencer a los jóvenes de las ideas ultraliberales, presentadas como garantía económica para su futuro profesional.
Están también reconocidos grupos de blogueros sin una articulación política, entre ellas Vem pra rúa (Ven para la calle) o “Revoltados on line” (Revueltas on line) que apelan a las emociones de la juventud más que a un ejercicio político.
Hostiles son los grupos partidistas conservadores apoyados por los medios de comunicación masiva, encabezados por la derechista cadena O Globo, que desean llevar a Rousseff a juicio –señal de un plan muy bien delineado por la derecha-, el cual devendría en golpe de Estado.
Para nadie es secreto que las manifestaciones contra la dignataria tienen características parecidas a las ocurridas en la guerra psicológica contra Venezuela.
Para el doctor Dos Santos, si un error grave comete el Ejecutivo petista es la actitud del Banco Central que pretende salvar al país de la inflación con el aumento desproporcionado de las tasas de interés.
En su opinión, mientras que Estados Unidos reduce a cero la tasa de interés de su colosal deuda, Japón hace lo mismo y Europa la disminuye en menor medida, apunta, mientras que las principales economías del mundo temen la deflación, “nuestro Banco Central teme la inflación”.
Los conservadores brasileños, derrotados por cuarta ocasión consecutiva en los últimos comicios de octubre pasado, tienen en el senador Aécio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) de Cardoso, su líder natural, que espera que las uvas caigan de los árboles. Medios políticos le comparan con el opositor venezolano Henrique Capriles.
Para el politólogo brasileño Emir Sader, este último mes el gobierno retomó la iniciativa política, buscando recomponer sus alianzas.
Rousseff nombró al presidente Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), uno de sus aliados y vicepresidente del país, Michel Temer, como coordinador político del gobierno. Ello cambia la correlación de fuerzas internas del PMDB, ahora en el centro de la base política gubernamental.
Sader, coordinador del Laboratotrio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (Uerj), intuye que la situación económica aún sin señales de crecimiento va dejando atrás el estancamiento mediante la reactivación se sectores importantes. Recuerda que “a pesar del terrorismo económico de los medios de comunicación, las mismas agencias de riesgo han manifestado que la economía brasileña no presenta las fragilidades que la oposición insiste en destacar”.
Aunque la población mira con ojeriza el nombramiento del conservador banquero Joaquim Levi como ministro de Economía y sus medidas de ajuste, también en las últimas semanas se adoptaron algunas medidas populares con nuevos diseños que benefician a la clase trabajadora.
Se habla de los descuentos del impuesto a la renta, el diseño de la política salarial de aumentos por encima de la inflación, lo cual establece un equilibrio respecto a las medidas de ajuste de las cuentas públicas.
También es esperanzador el hecho de que Lula, un político de gran arraigo popular, retomó su actuación como coordinador ad hoc del gobierno y movilizador del PT y de los movimientos sociales, siempre con la mira puesta en la preservación de la presidenta.
Brasil es Brasil y son muchos los intereses que se esconden tras bambalinas. La realidad indica que la Mandataria no está en su mejor momento político, aunque tampoco –como pretenden sus enemigos- está a punto de salir del Palacio del Planalto, sede de la mansión ejecutiva.
En un momento de definiciones políticas, nadie ponga en duda de que los grandes movimientos sociales brasileños no cederán el paso a la derecha, una lacra de la cual ya se libraron.
De ahí que en recientes declaraciones, el líder del Movimiento Sin Tierra, Joao Pedro Stedile, que salió con las organizaciones populares a contrarrestar en las calles la ofensiva de los opositores, dijo que “nuestro rol como movimientos populares y como izquierda, es seguir haciendo un trabajo de base, movilizar a la gente, para hacer la disputa política en la calle, y en ese plano lograr una unidad programática que sirva para que en el próximo período se pueda tener un programa común de cambios…”
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