Este 24 de marzo Argentina recordó el inicio del periodo más cruento de su historia reciente. Ese día de 1976 el golpe de Estado contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón inauguró el denominado Proceso de Reorganización Nacional, la última dictadura cívico-militar que experimentó la nación sudamericana y que gobernó hasta 1983.
“No fue una guerra sucia, sino una guerra justa en la que salvamos al país de los jóvenes idealistas que quisieron imponer una cultura ajena a nuestro tradicional estilo de vida, occidental y cristiano”, justificaría años después en un juicio el general Jorge Rafael Videla, quien encabezó el gobierno de facto.
Durante ese periodo las fuerzas represoras desaparecieron a cerca de 30 000 personas y el uso sistemático de la violencia y su extensión contra objetivos civiles, fue determinante en la suspensión de los derechos y garantías constitucionales. En la memoria de miles de argentinos quedaron las imágenes de sus compañeros desaparecidos y torturados por ser considerados “contrarios a la civilización occidental y cristiana”, que los militares “juramentaron” defender a sangre y fuego.
El hallazgo hace más de un año de 1 500 carpetas con documentos de ese periodo, dan fe de la existencia de un plan de terror sistemático cívico-militar cuyo objetivo fue la implementación de un plan económico neoliberal que se proyectaba hasta el año 2000.
Esos papeles secretos de la dictadura argentina contenían un Plan de Acción que dividió en dos etapas los propósitos de gobierno de los represores, la primera hasta 1990 y la segunda hasta comienzos del siglo XXI. Los militares argentinos elaboraron también “listas negras” en tres años: 1979, 1980 y 1982. En ellas aparecían periodistas, intelectuales, artistas, militantes políticos, sindicalistas, cuidadosamente clasificados de Fórmula 1 a Fórmula 4, según la “complejidad”.
Ese plan contenía además “cortar los lazos de sangre entre los niños secuestrados”, ya fuera en operativos junto con sus padres o solos. Ello obedeció al procedimiento para apropiarse de los menores aprovechando las debilidades del sistema judicial. Dicho proceder fue denunciado por la organización Abuelas de la Plaza de Mayo, un grupo de valientes defensoras de la justicia y los derechos humanos que surgió en la década de los 70 como un retoño de la asociación Madres de la Plaza de Mayo.
El 2 de agosto del 2002 el Congreso de la nación argentina creó el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de recordar a las víctimas. Sin embargo, no fue hasta la implementación de la política de derechos humanos, impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), que se devolvió la dignidad a los argentinos.
La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que otorgaron impunidad absoluta a los autores intelectuales y ejecutores de la dictadura cívico-militar, significó el fin del periodo más gris en esa nación.
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