A un año del Maidán

A finales del año 2013, la población ucraniana se encontraba virtualmente dividida: un 38,0 % apoyaba una asociación con Rusia, mientras que el 37,8 % prefería una alianza con Europa.

Al mismo tiempo, el 41 % de los ucranianos consideraban que la prioridad tenía que ser la integración con la Unión Europea (UE) y el 33 %, por el contrario, se mostraba partidario de una unión aduanera con Rusia, según estadísticas reveladas por medios de prensa e instituciones académicas.

En aquel momento, la negativa del entonces presidente ucraniano Víctor Yanukovich a firmar el acuerdo de asociación con el bloque  comunitario, conllevó a que activistas tanto de extrema derecha como de partidos liberales se lanzaran a la Plaza de la Independencia de Kiev (Maidán).

El 18 de febrero del 2014, en este lugar co­menzó la fase más mortal de la protesta proeuropea que terminó con un cambio del poder en el país. En estos violentos disturbios participaron el grupo fascista PravySektor y el partido de extrema derecha Svoboda, quienes contaron con el apoyo de Occidente y sus fuerzas especiales para desestabilizar el orden del país.

Tras tres días de enfrentamiento, 73 civiles y 11 efectivos, policías y militares perdieron la vida. La mayoría de ellos por francotiradores, que, sin identificar, abrieron fuego contra la multitud congregada en el centro de Kiev.

Toda esta situación provocó la destitución de Yanukovich, un hecho que muchos señalaron como inconstitucional por la forma de proceder.

A un año de los sucesos violentos del Mai­dán, aún quedan muchas interrogantes por resolver: ¿quiénes fueron los responsables de los ataques contra manifestantes y policías?, ¿se han cumplido las promesas que los protestantes utilizaron para movilizar a la oposición? y ¿qué consiguieron quienes salieron a protestar para exigir mejoras hace un año?
El gobierno triunfador posgolpe, con el apo­yo de medios de prensa occidentales, acusa de la masacre del Maidán a oficiales de Po­licía. La responsabilidad recae en el destituido presidente Yanukovich o alguien de las fuerzas de seguridad que dio la orden para suprimir la protesta.

Sin embargo, el 5 de marzo se hizo pública una grabación entre la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, y el ministro de Exteriores estonio, Urmas Paet. En esta, Ashton afirmaba que “se hace cada vez más evidente que detrás de los francotiradores no estaba Yanukovich sino alguien de la nueva coalición”. La autenticidad de la grabación fue reconocida por Paet.

Mientras, en la exrepública soviética, el estudio de todas las pruebas disponibles, indica que los autores del crimen no fueron los agentes de seguridad sino civiles armados, aunque nunca se investigó más.

Asimismo, una comisión especial del Par­lamento concluyó que el primer disparo estuvo dirigido contra los policías. Además, las balas sustraídas de los cuerpos de las víctimas no coincidían con los modelos de los rifles automáticos usados por los efectivos gubernamentales.

Sin embargo, esta comisión solo reportó que la autoría de estos hechos recayó en miembros de “entidades sociales que escaparon del control”, sin precisar cuáles y sin otras averiguaciones.

Por otra parte, la situación en este país del este de Europa no ha mejorado tal como prometieron aquellos que llamaron a la insubordinación contra el gobierno de Yanukovich.

En el este ucraniano, en las regiones de Donetsk y Lugansk cientos de civiles han muerto como resultado del enfrentamiento entre el ejército ucraniano y milicias populares formadas allí. Ambos territorios no aceptaron el gobierno de Petro Poroshenko, y se declararon independientes el 12 de mayo del 2014.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Hu­ma­ni­tarios, el conflicto en el este ha dejado cerca de un millón de personas desplazadas y unos 600 000 refugiados.

En este contexto, en días recientes, Ucrania, Rusia, Alemania y Francia acordaron un programa para tratar de alcanzar un cese del fuego y poner fin a la situación en esta región. Un pacto que deberá ocurrir en varias etapas.

Por otra parte, la economía ucraniana antes del Maidán no estaba en buen estado. Sin embargo, con la llegada al poder de Po­roshenko el país firmó un acuerdo con la UE que contenía un programa de reformas del Fondo Monetario Internacional (FMI), que se ha traducido en aumentos adicionales en los precios de los servicios públicos y recortes en los beneficios sociales.

Según datos oficiales publicados en el 2014, los salarios de los ucranianos se han reducido un 11,4 % comparado con los de septiembre del 2013. Mientras, la moneda nacional se devaluó en más de un 50 % frente al dólar.

A esto se le suma, la subida de los precios y tarifas. Por ejemplo, el costo que para los residentes de Kiev tenía una barra de pan en el otoño del 2014 era tres veces el precio de hace un año, mientras que el de los servicios públicos prácticamente se ha duplicado.

Mientras, el gobierno ha recaudado un total de 1 400 millones de grivnas de los ucranianos debido a un impuesto aprobado por la Rada Suprema para financiar la guerra.

Junto a estas condiciones, el Ejecutivo de Poroshenko ya no tiene forma de obtener el dinero que necesita para cumplir con sus com­promisos presupuestarios. Datos oficiales revelan que la producción industrial se sitúa en un 16,3 % más baja que el nivel del mis­mo periodo del año anterior y el Banco Cen­tral admitió que el país no dispone de reservas de oro.

Teniendo en cuenta que la deuda del Estado se sitúa en 74 000 millones de dólares, la nación  no está en disposición de cumplir sus compromisos de pago de deuda y solo puede ofrecer como garantía para los créditos del FMI las medidas antisociales exigidas por Occidente.

Como parte de las promesas hechas durante las protestas del Maidán para movilizar a la opinión pública y que esta apoyara las protestas contra el gobierno, fue que una vez lograda la victoria, los ucranianos tendrían derecho a entrar en países de Europa occidental sin visado.

Ese objetivo ha quedado lejos de la realidad, pues temiendo una ola de refugiados de un país sumido en enfrentamientos violentos, la UE endureció el proceso de obtención de visados para los ciudadanos ucranianos.

Sobre la presencia de los oligarcas en el poder, un reclamo presente también, analistas señalan que se ha incrementado sustancialmente y que por primera vez, disponen del control político de regiones clave del país. Por ejemplo, el millonario Igor Kolomoyskyi es gobernador de la provincia de Dni­pro­petrovsk y una de las figuras políticas más influyentes.

A la vez, estos mismos oligarcas han auspiciado la presencia de bandos de extrema de­recha en el Parlamento. Como el comandante del batallón Azov, Andrey Biletsky, conocido por su punto de vista abiertamente neo-nazi; el del batallón Donbass, Semyon Semyonchenko o el del batallón Dnepr-A, Yury Bereza.

Entonces, ¿qué ha pasado con las demandas iniciales del Maidán?