El Salvador: caso del expresidente Flores y el giro de la justicia

SAN SALVADOR.—El caso del expresidente salvadoreño Francisco Flores, aunque parecía dormido en la medida sustitutiva de arresto domiciliario otorgada por el cuestionado juez Levis Italmir Orellana, vuelve hoy a la palestra pública con ma­tices de sospechas.

Los querellantes del caso Flores presentaron el lunes último una denuncia ante el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, para que se pronuncie por acciones de Orellana y del fiscal general de la república, Luis Martínez, en su contra.

El viernes 23 de enero Orellana inició un proceso sancionatorio contra los querellantes porque, según él, habrían manifestado “hechos falsos” relacionados con el proceso que se le sigue al exmandatario (1999-2004), acusado por los delitos de peculado, desobediencia a particulares y enriquecimiento ilícito.

El director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Abraham Abrego, afirmó que los querellantes no han cometido ninguna violación y solo denunciaron las irregularidades en el proceso del expresidente de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Asimismo, criticó al fiscal Martínez por su pasividad en el proceso, porque lejos de aportar y contribuir con las investigaciones, ordenó no usar información que podría ser la prueba para procesar a Flores por lavado de dinero, señaló.

Aseveró que el fiscal los acusa de haber revelado información contenida en el Reporte de Operaciones Sospechosas al cual los querellantes nunca tuvieron acceso.

Por su parte, el director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta, denunció que tanto el fiscal general como el juez Orellana actúan con la intención de absolver de cargos al expresidente quien se habría apropiado de 15,3 millones de dólares procedentes de una ayuda de Taiwán.

Villalta recordó que el juez Orellana cuando se presentó el caso Flores, ordenó reserva total, y al aparecer el exgobernante ante los tribunales, luego de estar prófugo de la justicia, declaró una medida sustitutiva que lo envió a su casa.

Al mismo tiempo, la “Fiscalía no ha presentado un solo requerimiento que le dé mayor calidad al proceso judicial y en lugar de ello está retirando pruebas”, enfatizó.

Ante este hecho de acusar a los acusadores, el Procurador Morales aseguró que en esas acciones existe tentativa de los funcionarios de una persecución penal arbitraria contra los querellantes.

 “La lucha contra la corrupción es una de las luchas que se enmarcan dentro de los derechos humanos, pero también esta denuncia la recibo con preocupación, al expresar la denuncia que da paso a una tentativa de persecución penal arbitraria, contra los querellantes del caso Flores”, expresó.

En el 2014, Flores acudió ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigaba el desvío de diez millones de dólares donados por Taiwán para atender a las víctimas de los terremotos del 2001.

En audiencia pública, el expresidente admitió haber recibido de manera personal varias donaciones del gobierno taiwanés y reveló que lo entregó directamente en las manos de quienes debían ejecutarlo.

Sin embargo, no supo explicar quién ejercía el control de ese dinero y dijo que posiblemente el monto de lo recibido fue de unos 15 millones.