Hablan las víctimas

CARACAS.—“A mi regreso del trabajo vi que un policía estaba golpeando a una mujer que venía con dos niños. Mi reacción fue interceder pero él me pegó un tiro en la pierna para apartarme. Me dieron por muerto y me llevaron a la morgue”.

“Gracias a Dios, mi madre salió a buscarme al ver que no regresaba, y por unas personas que presenciaron la escena le dijeron dónde estaba. Luego de forcejear con los del hospital pudo finalmente sacarme de ahí. Fue espantoso. Yo era muy joven para entender ese escenario, producto del abuso de los militares contra la gente”.

Era el 27 de febrero de 1989 y el descontento popular por las medidas neoliberales de Carlos Andrés Pérez melló en la paciencia de los venezolanos, a tal punto de vivir escenas como esas.

Así recuerda su historia José Luis Martínez, víctima de los sucesos del Caracazo, como se le conoció al estallido social contra los desmanes de ese gobierno. Actualmente es miembro de la Comisión de la Justicia y Verdad creada para investigar las violaciones a los Derechos Humanos entre 1958-1998.

En el 23 de enero (barrio del oeste de Caracas) se corrió la voz: el presidente está vivo; y sin pensarlo dos veces me fui con el grupo de mujeres “pal” mismo Palacio de Miraflores, comenta por su parte Yesenia Fuentes. Ella bajó de los cerros a pedir la restitución de Chávez, “pero cuando llegué al puente Llaguno no pude avanzar más por la locura y las balas que no se sabían de dónde venían. Una me alcanzó el rostro”.

Esta venezolana preside actualmente el Comité de Víctimas del Golpe de Estado de abril del 2002, cuando “la oligarquía pretendió hacerse con nuestros derechos como pueblo”.

A su lado se encuentra Oliver, el hermano de Robert Serra, el joven diputado asesinado junto a su compañera María Herrera en octubre del año pasado. “Su muerte no solo conmovió a Venezuela sino a todo el mundo por la crueldad con que la ejecutaron”, expresa mientras asegura que “el dolor es demasiado”.

Con solo 19 años afirma que, tanto él como su otra hermana, mantendrán el legado de Robert y “serán una metralleta que no podrán callar”.

Los testimonios anteriores, compartidos con Granma, representan momentos distintos de la historia reciente de Venezuela y forman parte de las miles de vivencias que se escucharon en el seminario internacional Neoli­be­ralismo y Derechos Humanos: hablan las víctimas que sesionó este lunes en Caracas.

El vicepresidente ejecutivo, Jorge Arrea­za, expresó en su intervención que en los países donde domina el sistema político capitalista las violaciones a los DD.HH. “se hacen desde el Estado, desde las fuerzas de orden público, desde sus poderes para mantener ese Estado, para mantenerlo intacto y consolidar el sistema del capital”.

“En nuestros países, donde el pueblo se ha hecho del Gobierno, donde la nueva institucionalidad tiene características de protección del pueblo y no de arremeter, las violaciones vienen inducidas desde las clases que son dominantes y quieren volver a serlo”, agregó.

Arreaza comentó además, que los exmandatarios Sebastián Piñera (Chile), Andrés Pas­trana (Colombia), y Felipe Calderón (Méxi­co), nunca solicitaron los permisos correspondientes a las instituciones del país para visitar al dirigente de derecha, Leopoldo Ló­pez, quien se encuentra en la Cárcel de Ramoverde, en el estado de Miranda.

En ese sentido, dijo que ellos “buscan generar una matriz mediática en el mundo contra la Patria de Bolívar”.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo que los pueblos han de­sempeñado un papel “histórico” en la lucha contra “los sistemas represivos emprendidos por dictaduras militares y gobiernos representativos”.

“Estas democracias representativas, como la establecida en Venezuela durante la Cuarta República, imitaban a esas dictaduras militares en tanto sus prácticas represivas y de exclu­sión al disfrute de esos derechos eran si­milares”, comentó.

Respecto al organismo que preside, manifestó que se creó como parte de los esfuerzos del líder bolivariano Hugo Chávez para ga­rantizar los DD.HH. del pueblo.

En el foro organizado por la Defensoría del Pueblo y el canal multiestatal TeleSUR, también participó la activista colombiana Piedad Córdoba, quien afirmó que el plan desestabilizador que adelanta la extrema derecha contra Venezuela tiene sus intereses en las riquezas petroleras del país.

En la cita se debatió además la vinculación entre las políticas neoliberales y las violaciones de derechos humanos, ejecuciones, de­sapariciones forzadas y torturas en el continente.