CARACAS.— El gobierno, la Asamblea Nacional y sectores políticos y sociales de Venezuela rechazaron el martes con sólidos argumentos las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios locales, a las que atribuyen nuevas intenciones injerencistas y desestabilizadoras.
La firma de un proyecto de ley el 18 de diciembre último por el presidente Barack Obama agravó la ola inicial de condena generada contra la iniciativa asumida diez días antes por el Senado del norteño país.
La atmósfera popular de repudio a la medida de Washington, expresada en las marchas del pasado 15 de diciembre con motivo del aniversario 15 de la Constitución Bolivariana, y reiterada un día después por el Parlamento en un proyecto de acuerdo, cobra ahora dimensiones ejecutivas.
La ley establece restricciones contra funcionarios venezolanos por supuestas violaciones a los derechos humanos durante acciones violentas de principios de año, que el gobierno atribuye a la extrema derecha.
El jefe de Estado, Nicolás Maduro, durante una marcha y concentración en la céntrica avenida Bolívar, de Caracas, repudió la aprobación de la norma por el jefe de la Casa Blanca.
Las sanciones de Washington, que contemplan la negación de visas para entrar a Estados Unidos y la congelación de bienes a unos 100 funcionarios venezolanos, fueron también criticadas por dirigentes del país sudamericano.
Para el canciller, Rafael Ramírez, se trata de una injerencia inaceptable de Washington y un tema de doble moral, porque los Estados Unidos bombardean al Medio Oriente, pero imponen sanciones a Rusia y ahora pretenden hacerlo contra Venezuela.
Por su parte, el ministro para las Comunas y Movimientos Sociales, Elías Jaua, desconoció las facultades de cualquier institución de Washington para legislar sobre ciudadanos venezolanos.
Mientras, gobernadores y otros funcionarios de los 23 estados locales y el Distrito Capital repudiaron en un comunicado las sanciones, en tanto el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar las calificó de “coercitivas, unilaterales y contrarias al derecho Internacional”.
Organismos regionales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el Mercado Común del Sur y la Unión de Naciones del Sur también cuestionaron esas formas de agresión estadounidense.
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