El Consejo de Ministros de España ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional las actuaciones de la Generalitat catalana encaminadas a celebrar una consulta alternativa sobre la independencia de carácter soberanista el próximo 9 de noviembre, informó Telesur.
La nueva consulta catalana no tiene "ninguna base legal y ninguna de las garantías democráticas más básicas", declaró la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una rueda de prensa.
Asimismo, recordó que se trata de una consulta convocada para la misma fecha que la que ya fue suspendida por el Constitucional. Con esta decisión se pretende "asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia", agregó la funcionaria.
Saénz precisó que luego de la primera impugnación, el presidente de Cataluña, Artur Mas, anunció una nueva consulta en la misma fecha, con la misma pregunta y las mismas papeletas y urnas.
Para el gobierno de Rajoy, la nueva iniciativa se prepara sin base legal ni garantías democráticas, pues no hay sin censo ni administración electoral y es organizada por quienes defienden un resultado concreto con voluntarios que se encargarían del recuento de papeletas y de la proclamación.
La decisión del Ejecutivo central llega al día siguiente de que el Consejo de Estado, un órgano consultivo, aprobara por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta.













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