Sudáfrica en el empeño de redistribuir las tierras

Después de casi medio siglo de vigencia, en 1994 se derribó completamente el aparataje jurídico que sustentaba las prácticas racistas del Apartheid en Sudáfrica.

Con la elección del primer go­bierno democrático de Nelson Man­dela también se inició el proceso de reconciliación nacional y la construcción de un orden más justo, en el que todos los grupos étnicos tuvieran acceso a la participación política y a la tierra.

En ese sentido, el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés), con el propio Mandela a la cabeza, inició un complejo programa de restitución y redistribución de la titularidad de la tierra que se extiende hasta hoy.

En ese momento los objetivos del luchador antiapartheid eran amplísimos, pero dos de ellos fundamentales: desterrar la injusticia a la que habían sido sometidos los negros y mestizos durante el régimen segregacionista, y contar con una herramienta contra la pobreza rural.

Hasta los primeros años de la dé­cada de los noventa, lo que regía en Sudáfrica era una ley que protegía a los granjeros blancos y a los grupos poblacionales mayoritarios (“coloured”) solo les permitía po­seer el 14 % de la tierra. Esa situación debía cambiar.

En 1996, la nueva Constitución estableció el marco legal para la re­forma agraria, con base en tres elementos: propiedad, redistribución y restitución.
La reforma de la tenencia de la tierra significa la restitución, la redistribución o la confirmación de los derechos sobre las tierras en be­neficio de los pobres o desposeídos. La restitución es la restauración de derechos que fueron retirados por regímenes anteriores sobre las tierras ancestrales. La redistribución supone la adquisición de tierras privadas o la distribución de tierras del Estado entre los que no las tienen.

Además del marco legal, se estableció un tribunal especial para examinar las denuncias que no pudieran resolverse por acuerdo u otros temas relacionados con el proceso.

En el caso de las tierras privadas, la política gubernamental se ha basado en el principio de “un comprador dispuesto, un vendedor dispuesto”, huyendo de las expropiaciones forzosas. Pero no siempre esta estrategia se ha dado de forma fácil.

La reticencia a vender, las altas ta­sas de inflación que arrastra Sudá­frica, y algunas manifestaciones de corrupción y fraude han encarecido y retrasado la reforma agraria.

Los datos más recientes aportados por el ministro de Agricultura, Gu­gile Nkwinti, cifran que en las dos últimas décadas se han transferido ocho millones de hectáreas, apenas un tercio de lo que se había planificado para la fecha.

Además, de las 79 mil reclamaciones para que fueran devueltas las tierras a los propietarios originales, 71 mil al final prefirieron compensaciones económicas.

Gugile Nkwinti reconoció ante el Parlamento que el precio de la tierra se “dispara por los intermediarios entre el agricultor propietario y el Gobierno”.
Por otra parte, fuentes judiciales explicaron que alrededor de 80 mil reclamaciones de restitución de tierras se han presentado ante instituciones del Estado.

Esta semana el presidente, Jacob Zuma, firmó la Enmienda de Ley para la Restitución de los Dere­chos sobre la Tierra, que ofrece a los presuntos afectados hasta ju­nio del 2019 para iniciar pleitos adicionales.

La legislación rubricada por el jefe de Union Buildings y máximo líder del ANC regula, además, el nombramiento y las condiciones de servicio de los magistrados del Tri­bunal Nacional de Tierras.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Reforma Agraria (MDRA) difundió la semana anterior propuestas administrativas encaminadas a que los dueños de fincas comerciales entreguen la mitad de sus tierras a trabajadores agrícolas, según PL.

En una comunicación firmada por el ministro Gugile Nkwinti, la ins­titución estatal señaló que las partes interesadas en la agricultura comercial, incluidos sindicatos, obre­ros y el sector intermediario de negocios, tienen hasta abril del 2015 para comentar las proposiciones.

El titular de Agricultura remarcó que el objetivo del MDRA es potenciar la economía rural sudafricana, democratizar la asignación y el uso de las tierras de cultivos, así como garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de todo el país.

Este plan de reforma de la tierra, que ha provocado algunas reacciones negativas, es un esfuerzo por establecer la corresponsabilidad y la copropiedad y requiere sacrificios tanto de trabajadores como de agricultores, recalcó.